Rede núcleos

OTIS ha desarrollado unos nuevos ascensores que permiten ahorrar energía, pero también generar energía limpia. Este nuevo modelo de ascensores, al que han llamado Gen2 Comfort, sustituye los cables de tracción tradicionales por cintas planas, lo cual posibilita el uso de poleas más pequeñas, de sólo 8 centímetros de diámetro, por lo que las necesidades de hueco son menores. Además, el nuevo sistema permite producir energía, pues reaprovecha la inercia del descenso para generar electricidad, que puede alimentar así la red del edificio.

Entre los primeros en incorporar estos ascensores ecológicos está la cadena hotelera NH, que aprovechan la electricidad adicional generada para abastecer los puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus aparcamientos.

El fabricante estima que para un hotel NH, teniendo en cuenta que cda establecimiento dispone de una media de cuatro ascensores, el ahorro energético es de 1.200 kWh/año frente al ascensor eléctrico tradicional, y un ahorro de 1.150 kilogramos de dióxido de carbono por hotel año.

La Amazonia es el bosque tropical más extenso del mundo, provee recursos naturales y servicios vitales y es fuente de medios de vida para muchas personas tanto dentro como fuera de la región. Es vital manejar la Amazonia de manera sostenible ya que concentra el 30% de la biodiversidad del planeta y regula el clima. El deseo de salvaguardar la funcionalidad del bioma para el bien común se debe convertir en la tarea central de las naciones amazónicas.

El informe ¡Amazonia viva! una década de descubrimientos presentado el 26 de octubre por WWF en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD) describe el descubrimiento de 1.220 especies nueva en el Amazonas entre 1999 y 2009, a razón de una cada tres días. WWF ha hecho un resumen de todos los hallazgos en todos los países de la cuenca. El estudio incluye 637 plantas, 257 peces, 216 anfibios, 55 reptiles, 39 mamíferos y 16 aves. Destaca la primera especie de anaconda identificada desde 1936 y un tipo de pez gato rojo y ciego.

Toda esta riqueza biológica y la que aún queda por descubrir podría desaparecer. El estudio muestra que en el último medio siglo se ha destruido el 17% de los bosques tropicales amazónicos, un área dos veces el tamaño de España y que almacena entre 90.000 y 140.000 millones de toneladas de carbono. El 80% de las áreas deforestadas son ocupadas por pastizales para ganado.

El informe también destaca muchos hábitats vitales que enfrentan presiones crecientes como consecuencia del desarrollo insostenible. La Amazonia aún preserva cerca del 83% de sus hábitats originales, pero una combinación desastrosa de amenazas erosiona cada vez más la conectividad de la región. La explotación de recursos afecta a numerosas especies endémicas. La organización pide que se evite la tala y la deforestación para uso agrícola y ganadero en este rico ambiente ecuatorial.

Varias ONG trabajan en el programa de áreas protegidas de la región que busca mantener y gestionar los recursos naturales. Desde su puesta en marcha en 2003 se han creado 25,3 millones de hectáreas en el Amazonas. La organización ecologista explica que buena parte de estas nuevas especies han sido descubiertas en la red de áreas protegidas del Amazonas, por lo que demanda que se garantice la protección de al menos el 20% de las áreas terrestres, costeras y de alta mar en todo el mundo.

Iniciativas

El manejo responsable de la Amazonia es fundamental, principalmente por el papel que la región desempeña en la lucha contra el cambio climático mundial. En este sentido y en el largo plazo, es del interés de los individuos y las sociedades de todo el mundo mantener una Amazonia ecológicamente sana que continúe contribuyendo ambiental y culturalmente a las comunidades locales, a los países de la región y al mundo, en un marco de equidad social, desarrollo económico inclusivo y responsabilidad global.

Entre las iniciativas que vienen dando fruto están el combate a la venta de madera ilegal, los incentivos fiscales a productos no madereros, el fomento del microcrédito a las comunidades locales y el comercio responsable. Los grandes supermercados, como el grupo brasileño Pao de açúcar, y las cadenas multinacionales Walmart y Carrefour, sólo compran y venden carne certificada y rastreada, que no tiene origen amazónico, un boicot contra productos provenientes de áreas de deforestación.

La búsqueda de nuevos componentes naturales procedentes de plantas, animales o microorganismos por parte de grandes empresas farmacéuticas, cosméticas o químicas en países de desarrollo, conduce a veces a que comunidades indígenas, que ya tenían conocimiento sobre estas sustancias, tengan que pagar a las multinacionales por utilizarlas porque éstas ya lo han patentado.

El caso más reciente se produjo en 2008 en Estados Unidos, cuando un tribunal anuló la patente de un frijol mejicano, el Enola, que una empresa de semillas de Colorado había registrado como suya. La denuncia partió de la FAO, pues la patente permitía a la empresa cobrar por cada kilo de esta legumbre que Méjico exportaba a Estados Unidos, lo que acabó hundiendo las importaciones y permitió que el empresario se hiciera con el mercado cuando ese frijol llevaba silos consumiéndose en Méjico.

El pueblo bosquimano en el desierto de Kalahari utilizó durante milenios una planta llamada Hoodia, que suprimía el hambre y la sed durante sus largas travesías en el desierto. Ahora es el ingrediente esencial de píldoras Cintra la obesidad comercializadas por grandes farmacéuticas.

Distintas ONG denunciaron al Consejo para la Investigación Científica e Industrial, ubicado en Sudáfrica, por haber patentado los componentes de la Hoodia para su comercialización como supresores del apetito, y aunque esa denuncia terminó con la firma de un acuerdo de beneficios con el pueblo de San, las compensaciones prometidas no se han cumplido.

El problema va en aumento y por eso desde Naciones Unidas se quiere poner fin a estas prácticas de biopiratería. Desde hace años tratan de conseguir que lo que ellos llaman Acceso y reparto de beneficios (ABS, en inglés) , un mecanismo que regule la explotación de estos recursos y garantice una distribución más justa de los beneficios. Esto implicará que las multinacionales deberán pagar por los recursos que no sean de su territorio, y si las aplicaciones terapéuticas de estos recursos las obtienen del conocimiento de las comunidades indígenas. Según Naciones Unidas esta práctica supone más de doce mil millones de dólares anuales para las grandes farmacéuticas.

La ONU pretende establecer un régimen internacional con forma de protocolo vinculante, que llevaría consigo la existencia de certificados, que son los que verificarán los pasos del recurso genético desde su origen hasta su destino final. En la Cumbre de Diversidad Biológica que se desarrolló en Brasil en 2006 se sentaron las bases para este mecanismo y se puso como tope para adoptar este régimen legal la cita en Nagoya, donde los ministros tendrán que lidiar con posiciones como l de Brasil, que aprobó en junio una ley que regula la participación de extranjeros en ONG y asociaciones que trabajan en la Amazonía, porque sospecha que hay intereses de farmacéuticas y químicas.

En la Cumbre de la biodiversidad que el pasado 29 de octubre se cerró en la ciudad japonesa de Nagoya se ha puesto cerco a la piopiratería. Ahora los laboratorios deberán compensar a los países en desarrollo por el uso de sus recursos naturales y por su conocimiento. Y esto se ha logrado con la aprobación de un protocolo, al estilo de Kioto de cambio climático pero para la biodiversidad, el ya bautizado como protocolo de Nagoya. ABC, Natural, 12 de noviembre de 2010

Patentes en el fondo marino

Los océanos y mares nos brindan numerosos beneficios a nivel ambiental y alimenticio. Pero sus múltiples usos no acaban ahí. Si nos metemos de lleno en la industria farmacéutica o energética veremos que tienen un gran potencial comercial en materia de medicamentos, cosméticos o biocombustibles.

Todo esto conlleva al eterno debate acerca de la biopiratería y las patentes sobre organismos vivos, lo cuál no está permitido. Lo que sí que se contempla es el patentarlo con su ADN, y eso sí queda consentido por ley. Lo que esto podría llegar a conllevar se asemeja a un engranaje de bacterias artificiales al servicio de la humanidad para la creación de energía o el tratamiento de enfermedades.

Por lo tanto, no es de extrañar que ante tanto potencial desperdiciado no se hayan iniciado expediciones científicas y comerciales a la caza de nuevos genomas. Dentro de todo este revuelo, los países con gran riqueza marina piden que se establezca una normativa clara y concisa. Si las bacterias que se descubren durante estas expediciones se hallan en aguas territoriales, según el Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas, se reconoce la soberanía de los países sobre sus propios recursos genéticos. Pero aquí, como se ha reflejado al principio del párrafo, nadie habla de recursos genéticos sino de sus secuencias de genes.

Aquí es donde la mayor expedición realizada hasta ahora, el Sorcerer II, iniciativa de Craig Venter, ha tenido que dejar las cosas “cristalinas” para llevar a cabo su cruzada genética. Según Venter los objetivos por los cuales se mueve son meramente científicos y sin afán comercial, basados en desentrañar el metagenoma de los mares (sus microorganismos, sus genes y cómo se interrelacionan). Para garantizar que los hallazgos no serán monopolizados por la empresa de Venter, la secuencia del ADN de todos los microorganismos descubiertos se encuentra a disposición pública y gratuita en una base de datos. Uno de los propósitos directos que persigue es el de crear vida artificial con bacterias con pocos genes pero funciones muy concretas. Ya ha detectado seis millones de nuevos genes y ha publicado el metagenoma de un mar entero, el de Sargazos, en la costa este de EEUU. Vaya, que con todo esto quiere llegar a ser como Darwin y su Beagle, según ha declarado él mismo.

En España también ha hecho su aparición y queda a la espera de los permisos estipulados por la Convención sobre Derecho del Mar de Naciones Unidas. También queda pendiente una reunión a principios de Noviembre de su equipo con investigadores del CSIC en España, Italia y Grecia. Colaborar con Venter, han dicho, supone una inyección de recursos importante.

En cuanto al resto de países implicados, con aquellos que lo han solicitado se han firmado acuerdos explícitos regidos sobre el Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas garantizando por tanto la soberanía sobre los recursos genéticos. En cada caso, eso sí, adaptados a cada país (por ejemplo en México y Costa Rica se hace alusión a su soberanía pero no dice nada de derecho de propiedad intelectual). En Australia en cambio es mucho más específico. Este punto resulta de gran importancia pues, aquellos países que no dispongan de un acuerdo explícito donde se dejen claros aspectos como la explotación comercial pueden encontrarse en la situación de no poder reclamar beneficios sobre explotación de bacterias únicas encontradas en sus aguas.

Todo esto no ha dejado indiferente a los distintos colectivos y las opiniones son dispares. Organismos que luchan contra la biopiratería contemplan el hecho de que, para llevar a cabo la interpretación del genoma no es este como tal el que lo permite sino la tecnología que se usa. Y estas herramientas sólo quedan a disposición de los países con mayores recursos económicos. Otros investigadores opinan que, dado el potencial de secuenciación de Venter, se trata de una oportunidad para desarrollar la ciencia autóctona de cada país dentro de un marco adecuado. Además, Venter ha jugado a favor de esto involucrando a los científicos de cada zona a la hora de llevar a cabo la exploración.

El Sorcerer II no es la única expedición europea llevada a cabo. El proyecto Mamba, localizado en fosas mediterráneas donde la concentración de sal es muy elevada, busca explícitamente principios activos para aplicaciones médicas en los microorganismos marinos. Los organismos extremófilos son muy interesantes por el tipo de metabolismo que presentan, capaces de producir enzimas muy útiles para la biomedicina.

El sector con mayores beneficios en cuanto a recursos genéticos provenientes de los océanos es la industria química (53,5%) seguida de la farmacológica (32,2%).

Sucesos de 2010

A finales de enero de 2010 concluyó el plazo para que los Ayuntamientos interesados pudieran presentar solicitudes para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Industria recibió 13 solicitudes para albergar el almacén nuclear. Junto a las candidaturas de Yebra y Ascó -las más trabajadas, por estar cerca de centrales- hay pequeños pueblos deprimidos de Extremadura (1), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (7) y Valencia (1). Muchos incumplen las bases, por estar en terreno protegido o cerca de un aeropuerto, y uno de ellos (Santiueste de San Juan Bautista, en Segovia) incluso ya ha aprobado una moción para retirarse del proceso. Otro de los que se han presentado, Campo de San Pedro, en la misma provincia, anunció que se retiraba, pero finalmente aprobó su candidatura sin consultar a los vecinos. Así construirá España su silo nuclear.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio confirmó el 22 de febrero la lista definitiva de los municipios candidatos a acoger el ATC: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgas de Arriba y Santervás de Campos (ambos de Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Villar de Cañas (Cuenca), Yebra (Guadalajara), Zarra (Valencia) y Congosto de Valdivia (Palencia), que presentó reclamaciones a su exclusión en la primera lista y al final fue aceptado.

Ahora la comisión interministerial analizará el término municipal de los candidatos y luego comunicará cuáles no son aptos. Según el Consejo de Seguridad Nuclear se necesita terreno llano, no inundable y que no esté en zona sísmica. Son consideradas zonas no aptas las áreas que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales y Parques Naturales así como los Lugares de Importancia Comunitarias y las Zonas de Especial Protección de Aves. También están excluidas zonas protegidas del Ministerio de Defensa.

Torrubia de Soria no cumple las condiciones porque está en un enclave ZEPA, es decir, una Zona de Especial Protección de Aves. Aunque el Ministerio de Industria afirmó que la exclusión no es definitiva la localidad Soriana incumple una de las condiciones de la convocaoria. Tampoco Villar del Pozo, situada junto al aeropuerto de Ciudad Real.

Según el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, Yebra tampoco cumple las condiciones debido a las precipitaciones periódicas capaces de provocar inundaciones y movimientos sísmicos. Como datos objetivos, recordó que en 1995 hubo en la zona una inundación muy grave, con once muertos, uno de ellos el propio director de la central nuclear de Zorita y que en 2007 se produjo un movimiento sísmico de magnitud 4.1.

Previsiblemente en mayo o junio, el Gobierno, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros designará el emplazamiento definitivo.

A finales de febrero se celebraron manifestaciones en contra del ATC. El día 27 se celebró la primera manifestación en Guadalajara, que congregó a más de 15.000 personas. El 28 de febrero unas 3.000 personas se manifestaron en Ayora (Valencia) para oponerse a la instalación del ATC en Zarra, población de la misma comarca. En la marcha participaron vecinos del Valle de Ayora-Cofrentes, pero también de la cercana comarca albaceteña de la Manchuela. Asimismo estuvieron presentes colectivos ecologistas y de la plataforma Tanquem Cofrents. El mismo día vecinos de la comarca de Montánchez (Cáceres) protestaron también en contra del ATC.

Los organizadores de la marcha de Cáceres, principalmente grupos ecologistas, la Mancomunidad de la Sierra de Montánchesz y la Asociación de Empresarios Turísticos de la zona, denunciaron la falta de los líderes políticos. Ni Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta, ni el líder de la oposición, José Antonio Monago, estuvieron presentes, aunque ambos explícitamente en la Asamblea de Extremadura se habían posicionado en contra de la candidatura cacereña. Si que estuvieron presentes los alcaldes de la zona.

El 7 de marzo miles de personas se manifestaron en Móra d´Ebre en contra de la ubicación del ATC en Ascó (Tarragona). Convocados por la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya (CANC), estuvieron presentes dirigentes de ICV y ERC, además de algún miembro de CiU y del PSC. El pasado 24 de enero, días antes de que el pleno municipal de Ascó aprobara su candidatura, se había producido la primera manifestación en contra del ATC.

Con el fin de que participe el mayor número de agentes posibles, a partir del 9 de marzo las distintas partes afectadas por la ubicación del ATC (zonas cercanas, municipios vecinos, comunidades autónomas e incluso asociaciones) podrán formulas las alegaciones que consideren oportunas. Con ello el Gobierno busca adoptar una decisión con el máximo consenso posible.

El 11 de marzo Cataluña solemnizó en el Parlament su “no” al ATC. Días después de que Ascó formalizara su candidatura, PSC, ERC e ICV-EUiA, los tres grupos que apoyan al Govern, redactaron una moción que ayer llegó al Pleno de la Cámara y que consiguió el apoyo de CiU, el grupo mayoritario. Catorce diputados se abstuvieron pero ninguno votó contra la moción, lo que habría sido un gesto de apoyo indirecto al ATC de Ascó. El Parlament ha aprobado un texto que apoya a la Generalitat para vetar el almacén en cualquier municipio catalán. El consenso social es uno de los requisitos que pretende el gobierno español para decidir la instalación del ATC en Ascó.

La Generalitat de Cataluña ha remitido al Ministerio de Industria unas alegaciones que basan el rechazo de la instalación en los riesgos que existen sobre la fauna de los alrededores de Ascó, donde viven una treintena de especies protegidas, y en el hecho de que el almacén pretenda instalarse en una zona potencialmente inundable en caso de rotura de la presa de Riba Roja d´Ebre y que haya una población de casi 20.000 personas a 15 kilómetros de la zona prevista para instalar el silo. Aunque los terrenos no se encuentran dentro de ninguna zona protegida, si están en las proximidades de cuatro áreas de interés natural. En ella viven especies en peligro de extinción, como el águila perdicera, sobre las que podría haber un impacto ambiental de primer orden. Además en caso de fuga nuclear, esta se vería agravada por la alta movilidad de las especies de avifauna presentes en la zona, que extenderían las partículas tóxicas por una amplia zona.

El rechazo del Parlament de Catalunya se suma al que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 1 de febrero. En principio, ambas comunidades quedarían ya descartadas para alojar el silo nuclear, sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria precisan que la opinión de las autonomías es un ingrediente más que se valorará una vez que se analicen los pros y contras mas técnicos.

El mes de septiembre 2010, tuvo lugar el Consejo de Ministros en el que se iba a zanjar el tema de la construcción del ATC. En ese consejo, Sebastián hizo una exposición en el que explicó el procedimiento de candidaturas y el informe de las puntuaciones. En ese documento, Zarra aventajaba ligeramente a Ascó, Yebra y Villar de cañas, las manifestaciones en Zarra continuaron.

El Gabinete preguntó al ministro si tenía el tema cerrado, si contaba con todos los apoyos y si había hablado con Valencia, su respuesta fue que “La Generalitat no dice nada, se esconden”. Industria siempre ha considerado que legalmente una comunidad podía bloquear el proceso, o como mínimo, demorarlo. Pero también mostró la convicción de que una vez elegido el emplazamiento no habría obstáculos legales, ante todo ello, las dudas crecieron en el Gabinete y decidieron esperar y estudiar las competencias concurrentes de las administraciones.

Industria afirma que su trabajo ha terminado y que le toca decidir al Gobierno. Sebastián declaró que considera impecable el informe técnico y afirmó que espera que se tome la decisión cuanto antes. El sector considera que después de hacer público el informe con las puntuaciones será difícil instalar el almacén en un lugar que no sea Zarra.

Después de conocerse la noticia, los vecinos de Zarra acompañados por los de pueblos colindantes salieron a la calle con la intención de manifestarse por este informe.
Mientras La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac), de defiende las candidaturas de Ascó y Yebra, acusó a Industria de haber cocinado la puntuación de los candidatos para favorecer a Zarra. La Amac declaró que “ es un informe absolutamente inaceptable, sin fundamento técnico ni jurídico, hecho para conseguir el objetivo deseado de llevarlo a Zarra”. La asociación sospecha que Enresa, empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, hizo el informe y critica que eligió el único terreno sin acceso por carretera, a un Ayuntamiento que solo presentó un folio escrito a mano, con un alcalde pendiente de juicio por corrupción y con la reclasificación del suelo anulada por una sentencia.

Después de la reclamación interpuesta por Greenpeace, ante la Audiencia Nacional, de diversos documentos referidos al ATC y su centro de experimentación nuclear asociado, el Ministerio de Industria informa a la Audiencia de que esos informes no existen. La lista de documentos incluía el Proyecto Técnico del ATC, el Estudio de Seguridad, el Proyecto Técnico del Centro Asociado al ATC para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, el Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico y los informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo. Greenpeace considera que lo sucedido demuestra que el Gobierno inició el proceso sabiendo que no disponía de la documentación técnica y de seguridad básica. Según Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, “queda claro que el Ministerio de Industria y Enresa se han saltado la ley de forma lamentable para tratar de sacear adelante el ATC a toda prisa. Por tanto, el proceso del ATC es nulo de pleno derecho”. Greenpeace también arremete con los alcaldes de las 8 localidades que se postulan para albergar el ATC, ya que opinan que ofrecieron su terreno sin conocer en detalle los riesgos para la salud y el medio ambiente. La respuesta de Industria ha sido que en el expediente solo consta un estudio de seguridad del diseño genérico del ATC elaborado por la ingeniería francesa SGN y explica que los documentos reclamados no pueden elaborarse hasta la designación del lugar concreto en el que se ubicará el ATC, por lo que difícilmente pueden existir en esta fase del procedimiento.

En noviembre el culebrón por la adjudicación del ATC continúa, el fantasma sobre una decisión inminente del Consejo de Ministros sobre su instalación en el municipio de Zarra sobrevoló otra vez por la Comunidad Valenciana. Las organizaciones ecologistas fueron las primeras en dar la voz de alarma. La Plataforma contra la instalación del ATC en Zarra fletó autobuses rumbo a Madrid para realizar la protesta frente a La Moncloa. Greenpeace redactó un informe técnico que revela “la manipulación política por parte de Industria para situar a Zarra como favorita para el cementerio nuclear”. El documento sostiene que la Comisión Interministerial que determinó la idoneidad de Zarra sobrevaloró en más de cien puntos dicha opción. De acuerdo con el informe, Zarra habría quedado situada en quinto lugar entre los ocho municipios que optan a albergar el ATC, tesis contraria al informe que maneja el Gobierno.

El rumor sobre la inminencia de la decisión del Ejecutivo también se extendió al ámbito político. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias aprobó por unanimidad de los grupos políticos una moción contra el emplazamiento del cementerio de residuos nucleares en Zarra. Poco después, en las Cortes autonómicas, los diputados socialistas daban por hecha la designación de Zarra. Mientras los detractores del ATC recordaban en un escrito, dirigido al ministro de Industria, el acuerdo alzado por el Parlamento autonómico el pasado 28 de septiembre contra el emplazamiento del ATC en tierras valencianas. Con todo ello, a última hora, el Ejecutivo trasladó al Gobierno Valenciano que la decisión del ATC no se incluiría en el orden del día.

La decisión del emplazamiento deja escaso margen a la Generalitat Valenciana, que únicamente en última instancia podría aceptar la instalación del ATC en su territorio a cambio de importantes contrapartidas para la región. El compromiso de Zapatero de alcanzar un consenso y el anuncio del líder de los socialistas valencianos de tomar medidas jurídicas en caso de la adjudicación del ATC a Zarra, podrían dejar en suspenso la adjudicación, por lo que el tira y afloja continúa.

Sucesos de 2004 a 2009

La construcción de un nuevo Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta intensidad procedentes de todas las centrales españolas en funcionamiento durante 70 años está aprobada desde diciembre del 2004, fecha en la que el Congreso solicitó al Gobierno su construcción para custodiar los residuos de alta actividad. Para ello el Gobierno presentó a concurso, entre los municipios españoles, la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) a cambio de 12 millones de euros.

En el 2005, el Gobierno exponía, mediante el Anteproyecto de Ley de Reformas para el Impulso de la Productividad, el hecho de que ENRESA podía expropiar, sin apenas trámites, el terreno para construir el almacén temporal de residuos nucleares, afirmando entonces que las expropiaciones necesarias para el almacén nuclear “podrán llevarse a cabo por el procedimiento de urgencia establecido en la Ley de Expropiación Forzosa”. Además, dicha Ley permitía que ENRESA encargase a otra empresa la gestión del fondo para los residuos radioactivos.

El acuerdo del 2004 significaba un giro en las previsiones a medio plazo, e implicaba el posponer la ubicación y construcción de un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), un silo subterráneo con condiciones adecuadas de estabilidad en el que se suponía que había que depositar los residuos durante miles de años. El Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) consiste en un almacenamiento en superficie y sigue modelos como el holandés o el francés para el abaratamiento de la gestión de los residuos nucleares y para un mejor uso de las diversas instalaciones que se utilizan en la actualidad. De este modo, y según establece el Plan General de Residuos Radiactivos elaborado por ENRESA se evitará depender de emplazamientos dispersos por la geografía española, con la consiguiente disminución de los riesgos asociados a estas instalaciones.

Ante el ofrecimiento del Gobierno, a los municipios españoles, para la ubicación del ATC, 63 municipios de la Agrupación de Municipios en Áreas de Centrales (AMAC) pidieron información sobre las condiciones de la oferta al Ministerio. El Ayuntamiento de Peque (Zamora), anunció su interés en 2007, meses más tarde oficialmente retiró el ofrecimiento tras los disturbios acaecidos en el pueblo. Nadie quiere el “cementerio nuclear” en su municipio pese a las ventajas anunciadas de una inversión inicial de 700 millones de euros, unas compensaciones anuales de 12 millones hasta 2012 y la creación de 200 empleos directos más otros 150 indirectos, además de mejorar las infraestructuras locales. Lo que repercutirá finalmente en el municipio con un mínimo de 1.000 millones de euros.

En 2008, los alcaldes de Almoguera y Yebra (ambos en Guadalajara)solicitaron la construcción del ATC, el primero lo pido abiertamente y el segundo no se opuso, han organizado viajes de vecinos a un almacén holandés.

En octubre de 2009 Industria relanzó el concurso publico de adjudicación del proyecto, ya que en años anteriores no se encontró ningún candidato firme para la construcción del ATC, con miras a encontrar la localización idónea para comenzar la construcción del almacén, previsto inicialmente para el 2012.

Situación de los residuos españoles alta actividad

A 2009, cada una de las nueve centrales nucleares activas en España almacena en sus propias instalaciones los residuos de alta actividad. En el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) los residuos han sido trasladados a 300 metros del reactor, en las mimas instalaciones de la central, dentro de un almacén temporal.

El total de las centrales españolas generan 160 toneladas al año (dato a 2005) de residuos de alta radioactividad, la cual perdura durante decenas de miles de años. Según últimas estimaciones, la capacidad de estas centrales ha llegado a su límite; algunas, como Trillo, ya tuvieron que construir un nuevo almacén en el año 2000.

El Reino Unido alberga residuos nucleares de alta actividad generados por la central de Garoña (Burgos) entre 1971 y 1983. La central envió 97 toneladas de residuos a la planta de Sellafield para ser reprocesados y, según el contrato, tenían que volver en 2008. Como en España no existe un almacén centralizado para estos desechos, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), ha decidido pagar 34,5 millones de euros al Reino Unido para que los custodie.

Además, el Gobierno no ha decidido aún la situación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) que acogerá los residuos de alta actividad de las instalaciones nucleares españolas, el cual también deberá gestionar los residuos de la central catalana de Vandellós I. Los residuos de esta planta se guardan de momento en Francia, pero han de regresar a territorio español antes del 31 de diciembre de 2010.


Residuos nucleares de baja y media actividad de centrales españolas

El almacén más importante de residuos nucleares en España es el de El Cabril, acondicionado sólo para materiales de baja y media actividad, (con una vida máxima de 300 años) situado en el término municipal de Hornachuelos, a 80 kilómetros de Córdoba y en pleno corazón de Sierra Morena. El Cabril almacenaba a comienzos del año 2000 un total de 16.279 metros cúbicos de basura, lo que supone el 28% de su capacidad. Por lo que su saturación está prevista para el 2030. Estos residuos proceden de hospitales, universidades y laboratorios.

El centro cuenta con puntos de control de contaminación del aire, el agua y la vegetación. Su construcción se realizó en 1992 y, según afirmaba Greenpeace España en el 2001, “simboliza una estrategia de hechos consumados practicada por los diferentes gobiernos centrales". La estructura geológica y la historia sísmica de la sierra de Hornachuelos no son tan idóneas como en un principio afirmaron las autoridades. En 1996, el Tribunal Superior de Madrid declaró que allí se habían almacenado desechos de las centrales nucleares sin tener la licencia necesaria, como denunció la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT).

Situación de Enresa

La empresa pública dedicada a la gestión y el almacenamiento de los residuos radiactivos que se producen en España, Enresa, no tiene los recursos humanos ni los técnicos para llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales nucleares «José Cabrera», en Almonacid de Zorita (Guadalajara) y de Santa María de Garoña (Burgos) de manera simultánea. Así lo reconocieron fuentes de Enresa a Ep que señalaron que las capacidades humanas y los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad en España «podrían ser insuficientes para acometer dos desmantelamientos al mismo tiempo».

Si el Gobierno decidiera finalmente cerrar Garoña en 2011, en su 40 aniversario, el desmantelamiento comenzaría en 2014, por lo que coincidiría de lleno con el plan para desmontar Zorita que acumula ya varios meses de retraso. La central de Zorita es la primera que comenzó a operar en España.

El ministro alemán de Medio Ambiente, Norbert Roentgen, ha anunciado el fin de la moratoria establecida hace diez años para el estudio de la formación salina de Gorleben, en la baja Sajonia, para alojar un repositorio para residuos radiactivos de alta actividad.

El ministro ha manifestado que el país necesita disponer con seguridad del combustible gastado procedente de los 17 reactores alemanes en su mayoría en las centrales, así como algunos combustibles y residuos vitrificados almacenados en superficie en Gorleben, más los vidrios que han de ser devueltos por Francia, el Reino Unido, Bélgica y la misma Alemania después de su reproceso.

La moratoria impuesta en el año 2000 por un gobierno anterior y la falta de estudios de emplazamientos alternativos no puede continuar. La situación actual constituye, según el ministro, una injusticia para las futuras generaciones.

El proceso que comenzará ahora, será abierto y decidirá si Gorleben va a ser el repositorio definitivo. Para ello, establecerá, a nivel federal, un acuerdo de los requisitos de seguridad que debe reunir este repositorio y preparará un estudio preliminar de seguridad basado en toda la información acumulada durante muchos años.
Se prevé que el proceso dure siete años y que el licenciamiento emplee otros trece.

El Forum de la Industria Nuclear Alemana (Deutsches Atomforum) ha manifestado su satisfacción por esta decisión, comentando que según el acuerdo de 2001 entre los explotadores y el Gobierno se había establecido una moratoria de cinco años para las exploraciones de Gorleben. Todas las partes insisten en que el proyecto es ahora urgente y deberá acometerse sin retraso.

Se ha llevado a cabo un acto protesta contra el almacenamiento de los residuos en la mina de sal de Gorleben y contra el plan de energía nuclear del gobierno alemán. La protesta fue llevada a cabo por más de 25.000 personas que se concentraron ante la estación de Dannenberg, antesala al basurero de Gorleben para evitar que los residuos llegasen a su destino. Pasaron 92 horas desde que el tren partiera desde La Hague (norte de Francia) hasta que llegó a Alemania, en una batalla continua para burlar los obstáculos de los ecologistas, que lo frenaron en más de cinco lugares desde que pasara la frontera. Los manifestantes se encadenaron a las vías, hicieron sentadas, se descolgaron de puentes e incluso bloquearon la ruta con tractores, ovejas, cabras o camiones de cerveza.

A su llegada el convoy traía consigo la guerra política, ya que los partidos de la oposición responsabilizaban al Ejecutivo de los brotes violentos en las protestas, que han dejado a 950 heridos entre los manifestantes y 131 en las autoridades. Además, 1.313 personas fueron arrestadas, de las cuales 172 serán juzgadas. La oposición exige que los residuos no sean almacenados en la mina de sal, sino que sean examinados en las canteras de arcilla y grafito de Baviera o Baden-Württemberg para encontrar el basurero más seguro para ellos.

Al Gobierno, se le ha abierto un segundo frente, el coste del transporte del material (25 millones de euros) y del que ha sido el mayor dispositivo policial desde 2001, con 20.000 agentes. Baja Sajonia no quiere quedarse sola en el pago y reclama ayuda al Estado.

El mar y la pesca han conformado gran parte de la cultura mediterránea y de la vida en nuestro país a lo largo de los siglos. En la actualidad, las técnicas pesqueras han sufrido cambios profundos provocados por la “necesidad” de aumentar las capturas de los pescadores, tras verse disminuido su margen de beneficios. Como sucede con otras actividades económicas, el mar Mediterráneo se ha encontrado ya con los límites naturales de renovación del recurso.

Aunque vive en el Atlántico Norte, e atún rojo “Thunnus thynnus” cruza todos los años el estrecho de Gibraltar y se agrupa a finales de primavera en el Mediterráneo para reproducirse. Allí han convergido todas las flotas del mundo hasta casi agotarlo.

Las capturas de muchas de sus especies llegaron a su punto máximo a finales de los años 80 y principios de los 90, momento a partir del cual se produjo una paulatina disminución de las especies más deseadas por el mercado, como la merluza, el pez espada, el besugo. Desde mediados de la década del dos mil, un caso de preocupación es la pesca del atún rojo.

Situación del 2010

Una investigación llevada a cabo por 12 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), durante 8 meses en una decena de países, indica que, entre 1997 y 2008, un tercio de los atunes consumidos en el mundo procedía de la pesca pirata. Eso produjo unos beneficios anuales cercanos a 300 millones de euros.

El informe saca a la luz la grave falta de control de esta pesquería, con numerosos casos de violación de las cuotas, ausencia de declaraciones, uso de vuelos ilegales de apoyo, gran número de capturas juveniles y casos en los que los propios gobiernos no han declarado las capturas.

Entre el 17 y el 27 de noviembre se reúne en París la Comisión Internacional para la Conservación del Atún rojo (ICCAT). Los 47 países que la forman van a decidir las cuotas de pesca para el año que viene. La UE apuesta por reducir a la mitad las capturas. España, Italia y Francia quieren seguir como hasta ahora.

El ICCAT ya ha ido reduciendo las cuotas globales de pesca. Así, de las 28.500 toneladas de 2008 se pasó a las 22.000 de 2009 y a las 13.500 de 2010. Pero lo ha hecho desoyendo a los científicos que le asesoren, que recomendaban recortes más atrevidos.

Este año, el comité de científicos del ICCAT admite que faltan datos para saber si la especie se está beneficiando de las reducciones de cuota en los últimos años. En su última reunión, el comité científico concluyo que si se siguen pescando 13.500 toneladas, como éste año, es posible que la población se mantenga estable, pero solo con un 60% de seguridad de que esta previsión sea cierta

Los datos obtenidos de ICCAT por WWF confirman que ese incumplimiento de las normas de pesquería de atún rojo del Mediterráneo ha seguido produciéndose durante la campaña de 2010. Los descubrimientos de la investigación del ICIJ muestran el fracaso flagrante del nuevo “Documento Estadístico de Captura del Atún Rojo (BCD)”, presentado por ICCAT como una solución ante la falta de control.

WWF urge a los delegados del ICCAT a que presten atención a la llamada del informe del ICIJ y que saquen el máximo rendimiento a la oportunidad que se presenta en el encuentro de París para establecer un verdadero plan de recuperación para el atún rojo del Atlántico Oriental. Sus objetivos, establecer solo una pesquería artesanal limitada reduciendo el total de capturas entre 0 y 6.000 toneladas por año, hacen respetar las normas de penalización por exceso de cuota y establecer santuarios en los que esté prohibida la pesca en zonas clave de reproducción de la especie.

Pesca con almadraba en el Mediterráneo

La espectacular pesca con almadraba está en crisis. Ésta consiste en una red que parte desde la playa y se adentra en el Estrecho hasta los 23 metros de profundidad, quedando enredados ejemplares del apreciado atún rojo, de varios centenares de kilos, que en ese momento migran hacia el Mediterráneo para desovar. Cuando hay suficientes ejemplares, los barcos rodean la red, la levantan y los pescadores alzan los atunes casi a mano. Así lo han hecho durante 3.000 años los pescadores de Barbate, Zahara de los Atunes, Tarifa y Conil, en Cádiz. Pero la temporada de pesca termina a principios de junio y cada año el resultado es muy preocupante.

En el año 2007 Greenpeace y WWF/Adena, denunciaron malas prácticas en el estilo tradicional de pesca con almadraba. El cerco de los barcos pesqueros ayudados por avionetas pescan miles de ejemplares de golpe para engordarlos en granjas en el mar.

Iniciativas para la recuperación de caladeros

En 2009 Greenpeace pidió la declaración de una red global de reservas marinas que protejan el 40% de los océanos como una solución a la sobrepesca y al colapso de los océanos. Concretamente, ha solicitado al Conseller de Medio Ambiente balear, Miguel Àngel Grimalt crear un santuario para el atún rojo en aguas cercanas a las Islas Baleares. La propuesta de los activistas se compone de una reserva de ocho millones de hectáreas de superficie marina, donde se prohibiría la pesca de cualquier especie de atún, de modo que puedan llegar a reproducirse, dejando de lado la presión pesquera. En las Islas Baleares existen ocho reservas marinas, siendo el espacio marítimo de La Cabrera la más importante de ellas.

Gracias al esfuerzo conjunto que desarrollan desde 2008 del CSIC y Balfegó (empresa catalana dedicada a la pesca), existe una nueva posibilidad para el amenazado atún rojo (Thunnus thynnus) y por tanto para su conservación y gestión sostenible. Este recurso pesquero sobre el cual pende una restrictiva normativa de captura, puede ahora ver mejorada su esperanza mundial tras conseguir por primera vez la reproducción natural en cautividad.

La coordinadora del proyecto, Ana Gordoa, investigadora del Centro de Estudios avanzados de Blanes, hizo un peculiar descubrimiento, cuando durante un traslado de especimenes en jaulas transportadoras aprecio como se produjo el desove.

Tras la recolección de los huevos, 32 horas después de su puesta, eclosionaron en las instalaciones del CSIC, dando lugar al nacimiento de alevines en cautividad. Un hecho que hasta el momento se pensaba imposible, pues se creía que la reproducción de esta especie se inhibía en cautividad.

Desde entonces se observa como tanto los especimenes que llevan en cautividad un año, como los recientemente retenidos, desovan con bastante frecuencia, casi diariamente.

Protección del atún rojo a través del CITES

En septiembre de 2009, la Comisión Europea tomó la decisión de apoyar la inclusión del atún rojo en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esto supondría la prohibición del comercio internacional del atún rojo del océano Atlántico norte y del mar Mediterráneo, pero no la pesca para su consumo interno.

Para que una especie sea incluida en el Anexo 1 de CITES tienen que darse una serie de condiciones, como una disminución acentuada del tamaño de la población en la naturaleza. Aunque no existe una cifra que lo define, la CITES pone como ejemplo una caída de la población de entre el 20 y 50% en los últimos cinco o diez años dependiendo del tamaño de la población. Según, José Luís García Varas, responsable de Mares y Costas de WWF España, los informes científicos del ICCAT dicen que sólo quedan entre un 10 y un 15% de la población original.

El Gobierno de Mónaco fue el primero en solicitar a la ICCAT la necesidad urgente de incluir el atún rojo como una especie en peligro dentro del Convenio CITES, en respuesta a la situación crítica y de sobrepesca de los stocks.

Más tarde se unió el presidente francés Nicolas Sarkozy, quien realizó una llamada de apoyo a la propuesta de Mónaco. Otros países de la UE, incluidos Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Polonia y Austria, también mostraron su acuerdo con la propuesta.

El Ministerio de Medio Ambiente argumenta que CITES no es una lista apropiada para pesquerías comerciales y pide que se espere a ver los resultados del plan de recuperación que aprobó en 2006 la Comisión Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico Norte –ICCAT- (leer más abajo). En 2008, el comité científico del ICCAT recomendó una cuota de 15.000 toneladas en el Mediterráneo pero los países acordaron 22.000 toneladas (4.000 de ellas para España).

A pesar del apoyo inicial para la inclusión de la especie en el CITES, los países de la Unión Europea rechazaron a finales de septiembre de 2009 la prohibición del comercio internacional del atún rojo del océano Atlántico oriental y del mar Mediterráneo, por lo que Bruselas no pudo proponer esa medida en los foros internacionales.

Una mayoría de países comunitarios, entre ellos España, se opuso -en una reunión de un Comité de Gestión de la UE sobre Comercio de Flora y Fauna- a una propuesta, avalada por la Comisión Europea (CE). Los países europeos con mas intereses en la especie son España, Italia, Portugal, Grecia, Chipre y Malta.

Tras el rechazo de los países comunitarios, la ICCAT que se reunió en Brasil en noviembre de 2009, acordó una reducción del 40% de los Totales Admisibles de Captura (TAC): de las 22.000 toneladas (capturadas a 2009) a las 13.500 para 2010. El pacto contempla la reducción de las campaña a un único mes, del 15 mayo al 15 de junio y en ningún caso podrá ampliarse apelando a las malas condiciones climatológicas.

El 10 de febrero de 2010 el Parlamento Europeo finalmente aprobó una resolución, que sin ser jurídicamente vinculante, exigía la prohibición del comercio internacional del atún rojo. Después llego el turno de la Comisión Europea, que el 22 de febrero propuso una moratoria a los ministros de Agricultura y Pesca de la UE para prohibir el comercio internacional del atún rojo, permitiendo un espacio para la pesca artesanal limitada a los mercados locales a pequeña escala. La prohibición entraría en vigor el 2011, tras una evolución del estado de los caladeros que se hará pública en noviembre.

La UE, a través de sus embajadores permanentes en Bruselas, dio el 10 de marzo su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea. La decisión se tomó de manera acelerada para que la UE pudiera llevar una posición común a la reunión de CITES. España, que se había opuesto a al medida, aprobó finalmente la prohibición gracias a las excepciones logradas, que protegen a buena parte del sector. Italia y Francia, países con pesqueros afectados, apoyaron también el veto, mientras que Malta se opuso en solitario. Suecia y Austria optaron por la abstención.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, casi 3.000 empleados directos están asociados a la pesca de atún rojo. La comisaria europea de Pesca aseguró que habría ayudas económicas para los pescadores de las flotas industriales afectadas.

Las negociaciones definitivas sobre esa hipotética prohibición se celebraron en marzo de 2010 en Doha (Qatar), fecha en la que se reunieron los países del mundo que han suscrito el convenio CITES. La decisión y opinión europea es fundamental, ya que el atún rojo vive, sobre todo, en los caladeros del Europa.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) rechazó el 18 de marzo en Doha (Qatar) incluir al atún rojo en el apéndice I del catálogo de especies amenazadas de CITES. Mediante esta catalogación se buscaba la prohibición del comercio internacional de atún rojo.

Las dos propuestas presentadas a votación -la original de Mónaco y otra de la Unión Europea defendiendo la pesca artesanal y el retraso de la aplicación de la medida hasta mayo de 2011- no recibieron el respaldo necesario de tres cuartos de los países presentes en la reunión. La primera sólo recibió el apoyo de 20 países, 68 se opusieron y 30 se abstuvieron. La segunda recibió 43 votos a favor, 72 en contra y 14 abstenciones.

De hecho, la cumbre se cierra sin haber protegido ninguna de las 40 especies marinas que había sobre la mesa. Siempre con Japón como impulsor fueron derrotadas las propuestas de aumentar la protección de los corales preciosos, del tiburón martillo, del tiburón oceánico y de la mielga. Países como Marruecos e Islandia impusieron el voto secreto en las discusiones sobre las especies marinas de interés comercial.

El Gobierno español prefiere que la Comisión Internacional para la Conservación Del Atún Atlántico (ICCAT) sea el único organismo que gestione la especie, como ha ocurrido hasta ahora con escaso éxito.

Los 27 miembros de la UE consensuaron plantear una prohibición del comercio internacional con atún rojo, que se conocería en otoño del 2010. En él, la ministra de Medio Ambiente Rural y Marino se ha opuesto a la propuesta de la Comisión Europea (CE) de reducir a la mitad las capturas de atún rojo en el Atlántico y el Mediterráneo. La Comisaria Europea, Maria Damanaki, se encontró con una fuerte resistencia de Francia, España e Italia contra su idea de rebajar a 6.500 toneladas las capturas en 2011 frente a las 13.500 autorizadas este año. El frente Mediterráneo se opone a las restricciones, en contraste con Alemania, Reino Unido o Suecia, del lado de la comisaria Damanaki.

El atún rojo es especialmente apreciado en Asia, y los barcos frigoríficos venidos desde Japón cargan en Barbate o Murcia para llevárselos directamente. Del atún se aprovecha todo y, aunque estaba permitido en 2007 la pesca de ejemplares de más de 6,4 kilos, puede llegar a pesar 400 kilos. Aunque cada vez se orienta más al mercado nacional y de EE.UU., Japón sigue siendo el principal cliente.

Plan de recuperación de la ICCAT de 2006

Como repuesta al peligro de extinción de esta especie, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico Norte (ICCAT), aprobó en noviembre del 2006 un plan, a propuesta de la UE, para reducir la cuota de pesca de atún rojo un 20%, de 32.000 toneladas a 25.500 en 2010, además de aumentar el tamaño mínimo de los animales pescados de 10 a 30kg, pretendiendo así que se utilicen artes de pesca más selectivos (entramado mayor de las redes por ejemplo).

En septiembre de 2007, la Comisión Europea decretó con carácter inmediato el cierre de los caladeros de atún rojo en el Atlántico Este y en el Mediterráneo por haberse superado ya las cuotas asignadas a los siete países de la UE que explotan los caladeros, de las que a España correspondían 5.568. Esta ha sido la primera ves que esas pesquerías se cierran antes de tiempo como medida extrema de protección de la especie.

En 2008 el acuerdo internacional por parte de la Comisión Internacional para conservación de los Atunes del Atlántico (ICCAT), estableció la talla mínima de captura,40 kilos, dando la posibilidad de este modo de desarrollar su ciclo reproductivo al menos una vez.

Sin embargo, en mayo de 2009 Turquía, que tiene la flota más numerosa del Mediterráneo, destinada a la captura de esta especie, ha mostrado su desacuerdo con el ICCAT, rompiendo el acuerdo internacional que regula la pesca de atún rojo.

Los científicos piden que las capturas no superen las 15.000 toneladas y que se protejan las áreas de desove de esta especie durante los meses cruciales de mayo y junio. Según la Regulación Mediterránea España debería haber designado antes de finales de 2008 zonas de protección para la pesca que aseguren el desove y la cría, además de proteger los hábitats sensibles y los ecosistemas marinos, sin que hasta mayo de 2009 se haya adoptado ninguna medida.

Cría del atún en piscifactorías

Investigadores del programa Selfdott, financiado por la Unión Europea, aseguran que han logrado que el aún rojo atlántico se reproduzca en cautividad. Si pueden resolver el problema de hacer que las crías lleguen a la edad adulta, el atún rojo podría unirse al salmón atlántico, la trucha arco iris y otros peces como alimento básico criado de forma industrial para el actual mercado del pescado.

En los últimos 50 años, el mercado mundial del pescado ha pasado de depender de los peces salvajes a ser un sector en el que las piscifactorías abastecen a casi la mitad del mercado, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO.

Encabeza esta transición el salmón atlántico, que se agotó como especie comercial durante los años sesenta y fue posteriormente sustituido en el mercado por el salmón atlántico de criadero. Pero la disponibilidad de salmón atlántico ha tenido sus repercusiones. Los salmones de piscifactoría suelen criarse en las mismas rutas de emigración que sigue el salmón salvaje, y muchos grupos han añadido el salmón de criadero a sus listas de alimentos que no hay que comer, principalmente por la amenaza que las enfermedades surgidas en las piscifactorías pueden representar para las ya mermadas poblaciones de salmón salvaje.

Pero los ecologistas sostienen que criar el atún rojo atlántico podría ser todavía más perjudicial para el océano que criar el salmón. Pueden necesitarse entre dos y seis kilos de pescado salvaje para obtener un kilo de atún rojo atlántico.

Si la cría del atún rojo se dispara hasta alcanzar el nivel del salmón, del cual se producen más de 900.000yonelads al año, el efecto sobre los peces forrajeros, la base de la cadena trófica oceánica, podría ser devastador. Una pesca excesiva de peces forraje en todo el mundo podría perjudicar a otras especies comerciales que también dependen de estos peces. Pero se están desarrollando alternativas a los peces forrajeros.

Se han propuesto moratorias mundiales a la pesca del atún rojo atlántico. Pero se están discutiendo otras opciones, entre ellas la de reducir las cuotas de pesca y cerrar a la pesca las zonas de cría del Mediterráneo y el Golfo de México.

Puede que, al final, sea esto lo que el atún rojo atlántico realmente necesite. No una intervención humana para hacer que se multiplique en cautividad, sino una limitación humana que le permita seguir criando en la naturaleza.

Londres

La capital británica dispone de dos sistemas para reducir la contaminación. El congestion charge (tasa de congestión) es un peaje para entrar en la ciudad. Unas cámaras leen las matrículas y se ha de pagar 8 libras al días, los días laborables.

También dispone de una zona de baja emisión, que es más amplia que la zona de peaje, y prohíbe circular a vehículos muy contaminantes: camiones, autocares y furgonetas grandes. Si uno se salta la prohibición, la multa es de 100 o 200 libras, dependiendo del vehículo.

París

En la capital francesa, el 90% de la red de medición de dióxido de nitrógeno supera los límites legales. El último informe de calidad del aire admite que “ no es probable que se pueda cumplir con la nueva reglamentación”.
París no restringe la circulación, pero tiene un sistema de información que incluye paneles informativos en las calles. Además, el aparcamiento es carísimo para disuadir el uso del coche.

Roma

Roma tiene varias zonas de baja emisión, cada una con unas normas y unos vehículos afectados diferentes. Además, si la contaminación es muy alta, se puede restringir la circulación a vehículos con matrícula par o impar, según el día.
En función de los límites que se superen, también se prohíbe completamente la circulación durante unas horas, hasta que mejora la situación.

Berlín

En Berlín existe la llamada “zona ecológica”, un área de 88 kilómetros cuadrados (un millón de residentes) delimitada por la línea circular del tranvía. Los vehículos más contaminantes tienen prohibido circular dentro de la zona ecológica.
Cuatro pegatinas de diferentes colores señalan el grado de emisiones de cada coche. Son obligatorias en toda Alemania, incluso para los turistas. La multa por incumplir la normativa es de 40 euros.

Barcelona

Barcelona fue la ciudad pionera en limitar la velocidad de los vehículos en los accesos a la ciudad a 80 kilómetros por hora, y así ha conseguido reducir la contaminación.
El último informe asegura que las emisiones se han reducido en un 11%, el equivalente a retirar de la circulación 22.100 coches al día. También se ha bajado el ruido, entre dos y tres decibelios, y las víctimas mortales en accidente con vías con limitación de velocidad han descendido un 50%.

Entre los años 2000 y 2010 se perdieron en el mundo 13 millones de hectáreas de bosques, según la Organización de de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Además de las costumbres que hemos incorporado a nuestra vida (reciclar papel, llevar los muebles usados al punto limpio), deberíamos tratar de adquirir sólo aquellos productos forestales que tengan una certificación internacional reconocida, una especie de sello de calidad.

La certificación forestal es un proceso voluntario. El sello correspondiente se realiza de acuerdo con criterios de buena gestión que contemplan aspectos económicos, ecológicos y sociales. En España existe desde 1998 el grupo WWF-Grupo 2000, que reúne a 13 empresas de productores y compradores de madera certificada.

La madera puede ser un recurso natural renovable con una adecuada gestión de los bosques, y al contrario de lo que se piensa, la gran mayoría de los bosques deforestados se encuentran en latitudes medias (bosques boreales principalmente). Sin embargo, la deforestación y mala gestión de los recursos naturales en las zonas tropicales provocan una enorme erosión de los suelos, y como consecuencia de los ecosistemas que éste sustenta; además de abrir vías de acceso a los humanos hacia zonas hasta ese momento aisladas, con las consecuencias de degradación que implica.

Uno de los fundamentos de la certificación es que, para que haya madera en el futuro, la gestión de los bosques debe ser sostenible. Esto ya se tiene en cuenta en España y el resto de países europeos, pero no tanto en los bosques tropicales, de donde proceden maderas muy demandadas como la teca, el ipé o el iroco. La certificación pretende que la gestión de un bosque sea sostenible, es decir, que haya una evaluación individual de la masa boscosa y que se extraigan los árboles indicados para que se puedan regenerar.

Existen dos sistemas internacionales de certificación forestal: FSC (una ONG fundada en 1993 en Toronto (Canadá), que promueve la gestión sostenible de los bosques), y PEFC.

El sello FSC avala que los productos forestales (madera, papel…) proceden de bosques gestionados con criterios ambientales, sociales y económicos. Ambientales porque la madera se habrá extraído sin que se altere la biodiversidad, la productividad y los procesos ecológicos del monte. Económicos y sociales porque de la explotación se beneficiarán también las poblaciones locales. El FSC está formado por más de 700 miembros de 79 países, que representan a grupos sociales, organizaciones ambientales, silvicultores, empresarios forestales, organizaciones indígenas e investigadores comprometidos con la gestión forestal responsable.

Por su parte, la estrategia forestal española recoge la certificación forestal europea. El organismo competente es AENOR, que otorga la certificación “Gestión Forestal Sostenible”. La certificación declara el cumplimiento por parte de las empresas certificadas del conjunto de indicadores establecidos en la Norma UNE 162002, que fomenta la sostenibilidad de los recursos forestales europeos y el mantenimiento y crecimiento de la masa forestal europea. Permite obtener la Marca PEFC del Paneuropean Forest Certification Council (PEFCC).

En los países tropicales el coste de la certificación puede encarecer el precio de la madera un 25%, advierte el presidente de la Asociación Española de Importadores de Madera (AEIM), Ramón Gabarró. Y este sobreprecio hace que los compradores desestimen el producto. Al final, los arquitectos e interioristas son los que piden una especie u otra en los pliegos de condiciones, y "como en la ropa, la madera también va por modas", añade Gabarró. Maderas consideradas más nobles o de prestigio, como la teca o el iroco, se prefieren frente a maderas autóctonas de la misma calidad, como el castaño.

En España sólo el 5% de los bosques están certificados, pero la ley ya obliga a una gestión como la que definen los certificadores, y los productores sólo se animan si hay un valor añadido. Así, si en los concursos públicos se primara la madera certificada, esto supondría una apuesta mayor, explica Gabarró. Mientras, los dueños de las explotaciones tienen que pagar a dos certificadores por el mismo trabajo.

El 65% de los montes españoles está en manos privadas. En gran parte de las comunidades autónomas, la propiedad de los bosques está muy fragmentada y muchos propietarios no se ocupan a diario de sus fincas o ni siquiera viven en la zona, por tanto la certificación es un coste.

Una nueva iniciativa es expedir certificaciones regionales, por las que sólo se pagarían 1,25 euros por hectárea cada cinco años, explica Antonio Cueto, delegado del Colegio de Ingenieros Forestales del Principado. "Se trata de hacer ver a los propietarios que, si gestionan el monte, la madera será de más calidad, porque crece más rápido al seleccionar los mejores pies, y además se crea empleo rural", señala Cueto.

La campaña de sensibilización Madera Justa (iniciada en octubre de 2008), es impulsada por las ONG’s COPADE y FSC España. Greenpeace, WWF España, Triodos Bank, la Coordinación Estatal de Comercio Justo (CECJ), Struere Proyectos Urbanos e IDEAS también se han adherido a dicha campaña. A la Asamblea también acudieron representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del área de sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid, entre otros invitados.
Madera Justa apuesta por el manejo comunitario de los bosques por parte de las poblaciones locales, contribuyendo al desarrollo económico local y a la conservación de la masa forestal (hay que recordar que la tala ilegal representa unas pérdidas anuales para los países productores de cerca de 12.000 millones de euros). Por tanto, el principal objetivo de la campaña (de una duración aproximada de 3 años) es mejorar las condiciones de vida de los productores de los países en vías de desarrollo y frenar la tala ilegal de árboles, fomentando la compra responsable de productos forestales certificados con el sello FSC y realizados bajo los criterios del comercio justo, contando hasta la fecha con 25 socios.

Pero ¿Qué es el Comercio Justo? Se trata de un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad y justicia en las relaciones comerciales que se establecen con productores de Países del Sur o Países en vías de desarrollo. El Comercio Justo establece unos criterios básicos que son:

- Un salario digno por el trabajo que desarrollan los productores/as del Sur.
- Rechazo a la explotación infantil.
- Igualdad entre hombres y mujeres.
- Respecto al medio ambiente.
- Cumplimiento de derechos laborales.

También está prevista la puesta en marcha de una red de empresas y organismos que participen activamente en la divulgación de la campaña tanto en colegios como con actos en la calle.
Un manifiesto leído en el acto de presentación del proyecto denuncia que el 15 por ciento de la población mundial que vive en los países desarrollados es responsable del 56 por ciento del consumo total del mundo, mientras que el 40 por ciento “más pobre", procedente de los países con recursos más bajos, es responsable del 11 por ciento del consumo, de ahí la importancia del comercio justo.

Según un estudio realizado por el Grupo de Ecología del Paisaje en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, los peces continentales de la cuenca del Mediterráneo son uno de los grupos biológicos más amenazados en el mundo. El estudio se ha publicado en la revista Diversity and Distributions y ha analizado la distribución Geográfica de los factores de origen humano que afectan de forma negativa a la biodiversidad y su relación con el grado de amenaza de las comunidades de peces de agua dulce endémicos de la cuenca mediterránea.

La Península Ibérica es una de las zonas en las que las especies invasoras tienen un impacto más importante sobre los peces nativos. El equipo de investigación ha analizado las presiones más frecuentes como la contaminación, la extracción de agua, las especies invasoras, los embalses, la agricultura y la sobrepesca. Cuando relacionaron la distribución de las presiones con la del grado de amenaza de los peces de esta área, demostraron que cuando los impactos de las especies invasoras y la sobreexplotación de recursos hídricos son importantes, las comunidades de peces se ven expuestas a un mayor riesgo de extinción.

El Mediterráneo es la región con mayor número de especies invasoras, 637, aproximadamente un 4% de todas las que habitan la zona. Los investigadores piensan que la mayoría de estas especies provienen del Mar Rojo y entraron al Mediterráneo a través del Canal de Suez.

Muchas de estas especies invasoras preceden de aguas tropicales y se ven favorecidas por el calentamiento de las aguas. En la década de 1980, la temperatura de la superficie marina en la costa mediterránea oscilaba entre los 16,2 grados en la parte occidental y los 22,75 en la oriental. Sin embargo, los científicos calculan que alrededor de 2050 la temperatura superará los 24 grados en algunas zonas. Algunas de las especies más amenazadas del Mediterráneo incluyen corales de aguas frías y profundas, que son incapaces de escapar del calentamiento del agua, por lo que sus poblaciones están disminuyendo.

Datos presentados por los investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO Enric Massutí, María Valls y Francesc Ordines en el libro “Fish Invasions of the Mediterranean Sea: Change and Renewal”, sugieren que en el Mediterráneo occidental, donde se ha constatado un aumento de la temperatura del agua durante la segunda mitad del siglo XX, el calentamiento global ha influido sobre la composición de las poblaciones de peces.

Durante este período, se ha documentado la presencia de 38 nuevas especies en el Mediterráneo occidental, casi todas ellas, especies exóticas, provenientes del Atlántico subtropical y tropical, que entraron a través del estrecho de Gibraltar. Éste fenómeno, conocido como “tropicalización”, está modificando la identidad del Mediterráneo. Es difícil saber si alguna de estas nuevas especies ha formado poblaciones estables, aunque sí parecen estar ampliando su presencia hacia el norte y este del Mediterráneo, alcanzando su cuenca oriental.

Se ha constatado un desplazamiento de especies exóticas en la dirección contraria. Así, algunas especies de origen Indo-Pacífico, llegadas a través del canal de Suez, han expandido su distribución hacia el oeste, llegando incluso a cruzar el canal de Sicilia. Las poblaciones de peces autóctonos del Mediterráneo occidental también han mostrado cambios en su dinámica poblacional.

Las especies termófilas como la “sirviola” han registrado un incremento en su abundancia, así como un incremento en su distribución hacia el norte, mientras que las poblaciones de especies boreales como el chanquete se han hecho más escasas. Éste efecto, que se conoce como “meridianización”, se ha hecho patente en las capturas de algunas especies comerciales.

Estos efectos, “tropicalización” y “meridianización” podrían verse acelerados en el actual contexto de cambio climático. Ambos procesos podrían afectar y poner en peligro, la identidad de la fauna del Mediterráneo.

Especies invasoras en el mediterráneo:

Caulerpa taxifolia - Se introdujo en el Mediterráneo al ser liberada por accidente de un acuario de Mónaco en 1984. Compite con las praderas de Posidonia oceánica.
Caulerpa racemosa – Su expansión por el fondo marino amenaza la supervivencia de las comunidades bentónicas (del fondo marino), que son la fuente de energía primaria en el mar.
Mnemiopsis leidyi – La medusa peineta se introdujo en las aguas de lastre de los mercantes. Lleva al colapso a especies de piscifactoría como la dorada (“Sparus aurata”).
Crassostrea gigas – Esta ostra llegó al Mediterráneo de forma intencionada por su valor comercial. Su presencia causa exceso de nutrientes en las aguas y la asfixia de las vieiras.
Ruditapes philippinarum – El interés en su cultivo comercial introdujo a este bivalvo en aguas mediterráneas. Esta especie compite con la variedad autóctona “Ruditapes decussatus”.
Fenneropenaeus – La “fenneropanaeus merguiensis” es una especie de gamba del Golfo Pérsico que se detectó en la costa turca en 2006. Se ignora cómo ha llegado a aguas mediterráneas.
Rhopilema nomadica - su llegada al Mediterráneo fue en 1976 a través del Canal de Suez, Principalmente se considera perjudicial para los humanos debido a sus picaduras.
Lagocephalus scaleratus – El primer registro mediterráneo de esta especie tropical data de 2004. Como otros peces globo, contiene una potente tóxina que causa envenenamientos graves.
Plotosus lineatus – Llegó a aguas mediterráneas a través del Canal de Suez en 2001. Sus espinas venenosas son peligrosas para los humanos y puede llegar a causar la muerte.

El primer gran catalogo de mar, el proyecto Censo de Vida Marina ha identificado 637 especies foráneas en la región mediterránea que amenazan con desplazar a la flora marina autóctona.

Muchas medusas, moluscos o crustáceos han pasado al Mediterráneo desde el cálido Mar Rojo a través del canal de Suez. Pero la velocidad con lo que lo hacen ahora se acelera y su distribución por el Mediterráneo también parece haber pisado el acelerador.

Consecuencias

El impacto que tienen en el Mediterráneo depende de su capacidad para adaptarse a su nuevo hábitat y de la relación que tenga con las formas de vida autóctonas. Las que más preocupan son las que pueden dañar a las especies que explotamos en la pesca o dañan al turismo, otra de las actividades económicas más importantes de la costa mediterránea. Un ejemplo claro es como puede afectar al turismo la presencia de medusas. “Probablemente estas amenazas crecerán en un futuro” según, Marta Coll, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias de Mar (ICM) de Barcelona.

A los efectos del cambio climático se le súman el exceso de población que albergan sus zonas costeras, las peculiares condiciones geográficas que lo convierten en un mar cerrado y la intensa actividad humana. Tampoco ayudan los intereses socioeconómicos y políticos “que hacen difícil una gestión coordinada y sostenible de los recursos marinos”, apunta Coll.

Y hay más peligros. En 1984, los operarios del Museo Oceanográfico de Mónaco lavaron de manera imprudente un acuario en el Mediterráneo y liberaron la Caulerpa taxifolia, conocida como el alga asesina. La especie típica de aguas tropicales y temible por su rápido crecimiento, ha creado una alfombra en el fondo marino próximo a más de media docena de países mediterráneos, expulsando a la Posidonia oceánica, que forma las praderas marinas en la que se alimenta la fauna. Algunos peces dependen de la Posidonia, como las vacas de hierba. Y no es el único caso. Según el nuevo estudio, incluido en el proyecto internacional para elaborar un Censo de Vida Marina, más de 600 especies foráneas ha invadido el Mediterráneo. Más de la mitad proceden del Mar Rojo y entraron por el Canal de Suez. Otras, un 22% del total, llegaron en barco desde otras regiones del mundo. Y una de cada diez procede de fugas en las granjas de acuicultura.

Los problemas que puedan traer consigo estos invasores son difícilmente calculables. Los autores del estudio, publicado en la revisa PLoS ONE, recuerdan en el caso de la medusa Mnemiopsis leidyi, que llego en barco a aguas europeas procedente del noroeste del Atlántico y, en 2009, se expandió desde Israel hasta España.. En la década de 1980, esta medusa causó estragos en el mar Negro y provocó un colapso de las poblaciones de anchoa y graves pérdidas económicas.

España

Se trata de especies que llegan a nuestro país desde diferentes regiones del planeta, ya sea como mascotas, pegadas a los barcos, resguardadas en los materiales de embalaje, como adorno floral, etc. poseen una gran capacidad de adaptación a nuestro territorio, extendiéndose de forma muy rápida y compitiendo con las especies autóctonas. Los expertos advierten de que cada vez son más, como consecuencia del crecimiento del transporte y del comercio global.

Especies invasoras animales:

El mejillón cebra (Dressena polymorpha), que se introdujo en los ecosistemas peninsulares en forma de larvas transportadas en embarcaciones procedentes de otros lugares. Las primeras invasiones se detectaron, en 2001, a lo largo del curso del Ebro, teniendo como consecuencia graves daños en las conducciones del agua y desplazamiento de especies autóctonas tales como Margaritifera auricularia (molusco en peligro de extinción). El mejillón cebra adosado al casco de los buques mercantes causa graves efectos en infraestructuras, deteriora tuberías y afecta a la biodiversidad.

Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Ebro, Gobiernos Autonómicos y Ministerios de Medio Ambiente desarrollaron estrategias para prevenir, erradicar y para paliar los efectos gastándose sumas millonarias; pero son actuaciones que no están teniendo mucho éxito hasta ahora (junio de 2009).

En 2001 su presencia se ligaba a Cataluña, pero ahora está presente no sólo el río Ebro (incluido su tramo alto) sino también en sus afluentes, en embalses y en canales de derivación. Afecta a decenas de industrias, hidroeléctricas, riegos y abastecimientos en la cuenca. La mayor parte de las instalaciones colonizadas por este molusco invasor pertenecen a usuarios del eje Ebro y Canal Imperial. Sin embargo, también se están empezando a detectar problemas en redes y tuberías de algunos afluentes como el Guadalope o el Guadalopillo.

En junio de 2009 el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas (GEIB) ya alertó a las autoridades que las disposiciones tomadas hasta la actualidad para el mejillón cebra, como la prohibición de utilizar a la especie como cebo, son insuficientes. Es además del todo irrazonable que las medidas de desinfección previstas sean únicamente de aplicación para la pesca del cangrejo señal y no para otros tipos de pesca en los cuales también se hace uso de equipamientos que pueden actuar como vector para la transferencia involuntaria del mejillón cebra.

Se señaló también la necesidad de coordinarse con la Diputación Foral de Álava que ya había establecido la prohibición de la pesca en todas sus modalidades en la parte alavesa del Embalse del Sobrón.

Desde el GEIB se hace hincapié en que la toma de esta medida por parte de la Junta de Castilla y León no es una opción sino un deber para evitar que el mejillón cebra acabe con los ecosistemas acuáticos de la comunidad y por consecuencia con la pesca, además de acarrear consecuencias negativas para la industria (plantas potabilizadoras, centrales hidroeléctricas, etc.) y la agricultura (canales de riego, acequias, etc.) con cuantiosas pérdidas económicas.

A modo de ejemplo en 2005 se estimó que el coste global de la invasión del mejillón cebra en la cuenca del Ebro podría alcanzar los 40 millones de euros en 2025. Sin embargo, esta cifra podría ser una subestima si se tiene en cuenta que en Estados Unidos el coste provocado por esta especie entre 1993 y 1999 superó los 5.000 millones de dólares, un 60 % de los cuales fue soportado por la industria eléctrica.

El cangrejo, el rojo y el chino. El cangrejo chino posee una gran capacidad excavadora, por lo que está erosionando riberas y diques, provocando el desplome de las orillas y acelerando los procesos erosivos. Además, se concentra en las redes y trampas de los pescadores para comerse los cebos y los peces que quedan atrapados.

El cangrejo de río americano se introdujo en el entorno de las marismas del Guadalquivir cuando algunos ejemplares juveniles escaparon de un cultivo de acuicultura en Puebla del Río (Sevilla). A pesar de sus efectos positivos demostrados sobre algunas especies, Tella sostiene que “su efecto neto sobre el ecosistema es seguramente negativo”. El cangrejo de río Procambarus clarkii, una especie endémica del golfo de México, genera efectos positivos sobre los depredadores autóctonos de las marismas del Guadalquivir, según demuestra una investigación del Consejo Superior de

Según la investigación realizada en la Estación Biológica de Doñana, cuanto mayor es el consumo de cangrejo por parte de una especie, mayor ha sido el aumento de su población a lo largo de los años. En el caso de las aves que hibernan en la zona, la población total de depredadoras se ha multiplicado por 300.Investigaciones Científicas (CSIC). El trabajo, publicado en la revista Conservation Biology, demuestra que el 60% de los depredadores del ecosistema han incluido a este cangrejo de río americano en su dieta.

El problema que conlleva la invasión de los cangrejos americanos, es que éstos son portadores del hongo causante de la afanomicosis, una enfermedad que resulta ser la principal amenaza para el cangrejo de río autóctono (A. Pallipes).

Las poblaciones de cangrejo han disminuido hasta el punto de estar reconocido como especie en peligro de extinción a escala mundial según el catalogo nacional de especies amenazadas. Las poblaciones han disminuido como consecuencia de la pérdida de hábitat, contaminación de los rios y por la “peste del cangrejo” o afanomicosis.

Este hongo (Aphanomyces astaci) es endémico de los cangrejos americanos, que son, en su mayoría, inmunes a sus efectos (al contrario que el autóctono). La continua expansión de la afanomicosis por España está asociada a la expansión del cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y del cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), importado por EE.UU en los años 60, momento en que dichas especies alóctonas compartieron hábitat con la especie autóctona, produciéndose el contagio.

La gran disminución en el número de individuos de este crustáceo está ocasionando un grave problema en las aguas de los cauces donde habitaba, ya que su dieta se basaba principalmente en detritus, materia orgánica presente, por lo que al reducirse su población hay más detritus en las aguas y un exceso por tanto de materia orgánica por lo que se produce la eutrofización de las aguas con los efectos que conlleva.

Contra la creencia popular, esta enfermedades encuentra entre las patologías animales mejor estudiadas pese a toda nuestra información, aún carecemos de métodos eficaces de lucha, pero se conoce detalladamente el sistema inmunológico de los cangrejos de río, lo que hará más fácil proporcionar en un futuro próximos caminos hacia la selección de individuos más resistentes, si se invierten recursos en ello.

La malvasía canela (Oxyura jamaicensis), un pato buceador introducido en nuestras lagunas y pantanos a comienzos de los 80. Actualmente está instalado en 21 provincias y representa una grave amenaza para su homólogo en España, la malvasía cabeciblanca, mundialmente amenazada. El conflicto se encuentra en la gran capacidad reproductiva de los machos de la especie invasora, según el GEIB, “son polígamos y más dominantes y astutos en el cortejo que los autóctonos” por lo que cuentan con más posibilidades de ser aceptados por las hembras cabeciblancas. Además se trata de una especie muy agresiva.

El visón americano, está contribuyendo al retroceso del visón europeo. Este mamífero se introdujo tras escaparse en los años 50 de una granja de Segovia y posee un mayor tamaño y agresividad que el europeo. Además, es portador en enfermedades que afectan a los ejemplares autóctonos. Según se va naturalizando y adaptando va desplazando al europeo.


El coipú, un roedor que no tiene un homólogo con el que competir, pero que daña a las plantas locales debido a que se trata de un “herbívoro generalista”.

El picudo rojo, un insecto originario del Sudeste Asiático y Melanesia, llegó infiltrado en las palmeras ornamentales que llegaban del norte de África. Este daña tanto las palmeras canarias como las del sur y levante peninsulares.

El galápago de Florida (Trachemys scripta elegans), fue introducido como “animal de compañía” y liberado más tarde en jardines públicos por sus dueños, donde no encontró problemas para hacerse con el espacio de las tortugas ibéricas (galápago europeo y galápago leproso). Alcanza tallas superiores a las del galápago nativo, produce una mayor descendencia, tienen una madurez sexual más temprana y su dieta es más variada. La UE prohibió su importación en 1997 debido a que transmite salmonelosis a sus propietarios, pero ni su cría ni su venta están prohibidas en España. Se trata de una especie que se naturaliza rápido y que es agresiva. En invierno, con el frío disminuye su supervivencia (control de plagas), pero en el Mediterráneo esto no sucede porque tiene su temperatura óptima.

Especies invasoras vegetales
Entre las especies vegetales invasoras, la mayoría de ellas han sido introducidas a través de la jardinería, aunque también debido a descuidos, como el alga asesina, que acabó en aguas del Mediterráneo a través de un desagüe procedente de un acuario de Mónaco. Las más preocupantes en nuestro territorio son:

La mimosa plateada , Acacia Dealbata. Arbol de follaje persistente muy usado en parques por su atractiva floración amarilla hacia fines del invierno. Es especialmente “destructiva” ya que posee una gran facilidad para germinar tras los incendios, lo que le ha permitido colonizar las zonas arrasadas por el fuego, inhibiendo el crecimiento de otros vegetales y empobreciendo la diversidad autóctona.
El plumero o hierba de las pampas (Cortaderia selloana) puede colonizar grandes superficies fácilmente y ayuda a incrementar la frecuencia de incendios.

El ailanto, Ailanthus altísima, un árbol ornamental muy utilizado en jardines públicos en el sur de Europa, originario de China, también posee una gran capacidad invasora, haciéndose habitual en nuestro entorno , debido a su tolerancia a la sequía y al tipo de suelo. Podemos encontrarlo en los márgenes de carreteras y cunetas, donde se ha extendido con facilidad. Sus efectos negativos son, entre otros, que ha dañado el alcantarillado, los cimientos de los edificios y las aceras.

El jacinto de agua, Eichornia crassipes, es una planta acuática que podemos cultivar fácilmente en el estanque. Originaria de Sudamérica, se encuentra extendida en la actualidad por todas las regiones cálidas del mundo. Ocupa casi 100 hectáreas del Guadiana poniendo en peligro los sistemas de riego y la fauna acuática, ya que su concentración reduce el nivel de oxígeno e impide el paso de la luz del sol.

El helecho de agua, con efectos similares ocupa tanto en el Guadiana como en el Guadalquivir.

La lista de 20 especies invasoras más dañinas en España son:

Cangrejo americano (Procambarus clarkii)
Cangrejo de mitones (Eriocheir sinensis)
Visón americano (Mustela vison)
Coipú (Myocastor coypus)
Mejillón Cebra (Dreissena polymorpha)
Almeja asiática (Corbicula fluminea)
Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus)
Gambusia (Gambusia holbrooki)
Malvasía canela (Oxyura jamaicensis)
Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans)
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia)
Chumbera (Opuntia ficus indica)
Jacinto de agua (Eichhornia crassipes)
Plumero (Cortadeira selloana)
Uña de gato (Carpobrotus sp.)
Carquejo (Baccharis halimifolia)
Helecho de agua (Azolla filiculoides)
Árbol de cielo (Alianthus altíssima)
Mimosa plateada (Acacia dealbata)
Alga asesina (Caulerpa taxifolia)

Los censos anuales realizados por el Ministerio de Medio Ambiente han registrado en 2010 una población de 253 ejemplares de lince en Andalucía. Esta cifra supone un incremento del 12,4% respecto a los 225 linces censados en 2009 en el conjunto de la comunidad autónoma y del 148% respecto a los 102 ejemplares de 2002, con lo que se confirma la tendencia general a la recuperación experimentada por el felino en los últimos años.

También se han registrado importantes incrementos en el número de hembras territoriales, ejemplares de los que depende en gran medida el potencial reproductor de la especie en libertad. Las hembras asentadas en un territorio y en edad reproductiva han crecido este año hasta las 66, ocho más que el año previo y muy por encima de las 27 contabilizadas en 2002, cuando se consiguieron los primeros resultados del seguimiento mediante fototrampeo. Asimismo, la mejora del éxito reproductor de la especie en el medio natural ha quedado evidenciada con el aumento del número de cachorros, que actualmente se estima en 82 en Andalucía, 13 más que hace un año y 50 más que en 2002.

La superficie total de distribución de la especie ha crecido hasta situarse en 709 kilómetros cuadrados, cifra que el año pasado era 648 kilómetros cuadrados y en 196 al comienzo del período contabilizado. A pesar de ello, este año aún no se ha incluido en los datos de superficie la nueva población de Guadalmellato (Córdoba).

Sierra Morena ha duplicado sus parámetros en los últimos 7 años, incrementando la superficie con presencia de lince en un 72% desde 2004, y mejorando también notablemente el resto de variables poblacionales (120% más de población total, 87% más de hembras territoriales, y 84% de incremento en el número de cachorros). Por su parte, Doñana parece estar abandonando la crítica situación vivida años atrás, y ha aumentado un 156% la superficie con presencia de linces desde 2004, fenómeno acompañado por un 66% más de población, un 54% más de hembras territoriales, y un aumento del 109% en el número de cachorros.

Planes de recuperación

En diciembre del 2009 los andaluces decidieron conceder más territorio a uno de los animales más elegantes, majestuosos y en peligro de extinción en España: el lince ibérico.

Córdoba fue la elegida para la primera suelta de dos ejemplares, el macho Caberú y hembra Charqueña, de 4 años de edad y procedentes del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas y del Centro de Cría en Cautividad de la Olivilla (Jaén). Además, esto era sólo el comienzo, pues se planeaba que otros cuatro ejemplares se sumaran al espacio en breve, superando así a Doñana como lugar de reintroducción, donde además ese año no se había llevado a cabo, como los dos anteriores, por criterios científicos y técnicos.

La suelta se produjo en diferentes fases. La primera de ellas se llevo a cabo a través de sueltas blandas, en un cercado de preadaptación de entre tres y cuatro hectáreas, donde permanecerían hasta que se aclimatasen lo suficiente y luego se efectuaría la suelta definitiva.

La reintroducción llevada a cabo en Guadalmellato, emprendida por la Junta mediante la suelta en la zona de tres parejas procedentes de Sierra Morena y una hembra de Doñana, ha propiciado los primeros fenómenos de conexión natural entre poblaciones, logro crucial para combatir la endogamia y el aislamiento que han comprometido el futuro de la especie. Otra actuación destacada ha sido el mantenimiento de 169 convenios de colaboración con propietarios y sociedades de cazadores que permiten realizar actuaciones de gestión del hábitat del conejo y del lince en 180.840 hectáreas de terrenos, además de realizarse en las 3.334 hectáreas de fincas propiedad de la Junta que cuentan con presencia de lince. Por otro lado, los dos machos procedentes de Sierra Morena liberados hasta ahora en Doñana han permitido reforzar genéticamente la población de esta zona obteniendo cachorros de primera generación, de los cuales uno ya tiene al menos otros cuatro de segunda generación cuya confirmación genética se espera en breve.

Ante el éxito de estas actuaciones, el titular de Medio Ambiente ha afirmado que está previsto que este invierno se vuelvan a reintroducir linces en Guadalmellato. Actualmente se está trabajando con cachorros nacidos en cautividad para estudiar su reintroducción en el medio natural, en el caso de superar las pruebas de preadaptación oportunas. Además, en breve está prevista la suelta de ejemplares procedentes de Sierra Morena en la zona de Coto del Rey (Doñana).

Seguimiento

La Junta realiza un seguimiento anual del lince a fin de conocer el estado de las poblaciones y valorar del éxito de las actuaciones de conservación ejecutadas en el contexto del proyecto Life Naturaleza "Conservación y Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía". Para el seguimiento de éstos los cercados estarán dotados de un sistema de videovigilancia y cada uno de los ejemplares llevará radiotransmisores para su localización vía GPS.

En menos de un siglo la población de tigres ha descendido de 100.000 ejemplares a 3.200 y han perdido el 83% de su territorio. Desde los años 40, tres especies han sido cazadas hasta su total extinción: tigre del Caspio o persa (Panthera tigris virgata), de Bali (Panthera tigris balica) y de Java (Panthera tigris sondaica). Las demás especies que sobreviven están en peligro de extinción.

El informe de TRAFFIC (red de control del tráfico ilegal de especies creada conjuntamente por WWF y la UICN) "Reducidos a piel y huesos" refleja que entre 1.069 y 1.220 tigres han sido capturados ilegalmente en 11 de los 13 países asiáticos en los que habita este felino en estado crítico de extinción.

En la Cumbre Internacional del Tigre, auspiciado por Rusia, se discutirá, del 21 al 24 de noviembre, el Programa Global de Recuperación del Tigre, con el que se pretende multiplicar por dos el número de ejemplares en libertad de cara a 2022. El encuentro con el primer ministro, Vladimir Putin de anfitrión, reunirá a representantes de los 13 países en los que existen poblaciones de tigre y contará con organismos internacionales como CITES, INTERPOL, la ONU, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas.

De los 11 países, India, China y Nepal son los que encabezan la lista de países con más individuaos. A India, con un total de entre 469 y 533 tigres, le siguen China, con 116-124 tigres, y Nepal con 113.130 tigres.

Nepal aparece como uno de los núcleos del comercio ilegal, sirviendo de país de tránsito para la mercancía. Otros puntos calientes del tráfico de estos animales son las fronteras India-Myanmar, Malasia-Tailandia y Rusia-China.

Además, según WWF, este informe refleja un aumento de las capturas en Indonesia, Tailandia y Vietnam. Un dato preocupante es el hecho de que muchas de estas matanzas tienen lugar a menos de 50 km de áreas protegidas, como es el caso de Western Ghats, Subndabans y Teraic Arc.

Las capturas de estos felinos tienen como fin conseguir desde pieles completas a esqueletos, huesos sueltos, carne, garras, dientes o penes, que se usan para la fabricación de amuletos, medicinas tradicionales y decoración.

El informe también analiza las causas de este declive en las poblaciones de tigre, entre las que destaca la falta de voluntad política, tanto nacional como internacional, para proteger a estos animales. Los autores coinciden en afirmar que es necesario un compromiso de todos los sectores afectados para unir fuerzas, creando una estrategia global y transfronteriza, a todos los niveles, que salve de la extinción a una de las especies más legendarias de la Tierra.

Una conducción eficiente supondría un ahorro anual en España de 2.134 millones de euros, una mejora en seguridad y también una considerable reducción en los gastos de mantenimiento de los vehículos. En concreto, según datos de la CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas) una conducción eficiente permite que el conductor de un turismo que recorra al año unos 15.000 kilómetros se ahorre entre 255 y 400 euros entre combustible, mantenimiento y menor siniestralidad. En cuanto a los gases de efecto invernadero, la aplicación de las normas de conducción eficiente permitiría dejar de emitir a la atmósfera unos 376 kilos de partículas contaminantes al año por conductor de turismo.

Estos datos, que suponen en términos relativos un ahorro anual del 15% en combustible, fueron expuestos hace un año con la firma de un acuerdo entre el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), para impartir cursos de conducción económica.

Los cursos de conducción sostenible son totalmente gratuitos y están dirigidos a conductores de turismos y profesionales del sector, que aprenden una conducción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con unas técnicas aplicables a cualquier tipo de vehículo; ya hay más de 20 ayuntamientos madrileños involucrados en esta iniciativa.

Además de conseguir un ahorro de combustible, los cursos de conducción ecológica permiten mejorar la seguridad vial, reducir los gastos derivados del mantenimiento del vehículo o disminuir el estrés gracias a una conducción más cómoda. Los cursos son impartidos por instructores cualificados que realizan un recorrido práctico por un circuito urbano, con vehículos dotados con ordenadores de a bordo que toman mediciones de consumo de combustible y estadísticas de velocidad. Al finalizar, los participantes reciben el “Manual de Conducción Eficiente” realizado por el IDEA y la Comunidad de Madrid.

Esta iniciativa está incluida entre las 106 medidas que contempla el Plan Azul o Estrategia de la Calidad del Aire y Cambio Climático 2006-1012 con la que el Ejecutivo regional pretende reducir progresivamente las emisiones de CO2 actuales en 4,5 millones de toneladas hasta 2012.

Otra ventaja se refiere a la contaminación acústica, de modo que el ruido provocado por un coche a 4.000 revoluciones de régimen de giro de motor equivale al de 32 automóviles a 2.000 vueltas rpm (revoluciones por minuto)

Un año después, el IDAE, la Dirección General de Tráfico (DGT), la asociación de clubes del sector del automóvil y la Agencia Operadores Petrolíferos (AOP) lanzaron una campaña que pretende dar a conocer a los conductores los beneficios de un uso racional del vehículo particular. La campaña incluye la difusión de más de millón de folletos que se introducen en la documentación de entrega en el momento de la compra de un vehículo nuevo. Además, están disponibles en las estaciones de servicio y serán distribuidos entre todos los socios de Autoclub, Repsol y RACE.

La campaña incluye las siguientes recomendación para una conducción eficiente:

1. Arrancar el vehículo sin pisar el acelerador.
2. Usar la primera marcha sólo para poner en movimiento el vehículo.
3. Cambiar de velocidad: entre 2.000 y 2.500 RPM en motores de gasolina. Y entre 1.500 y 2.000 RPM en motores de gasóleo.
4. Circular en marchas largas y a bajas revoluciones; un motor sobrerrevolucionado contamina más.
5. Mantener la velocidad de marcha, evitar acelerones y frenazos.
6. Decelerar con el freno motor, retrasando la reducción de marcha.
7. Detener el coche sin reducir, utilizando sólo el freno.
8. No utilizar el punto muerto cuando se frena. Cuando el vehículo está al ralentí necesita consumo, mientras que con la marcha metida y sin pisar el acelerador el consumo siempre es cero.
9. En paradas de mas de 60 segundos, apagar el motor.
10. Mirar siempre por delante y levantar el pie del acelerador a la menor señal de peligro. Con distancia de seguridad los frenazos y acelerones son menos frecuentes.
11. Comprobar la presión de los neumáticos cada 15 días, ya que las bajas presiones aumentan el rozamiento y, por lo tanto, el consumo.
12. La seguridad debe prevalecer sobre a conducción eficiente.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) se ha marcado como objetivo formar un mínimo de 1.300 conductores de los 5.630 de su plantilla en conducción eficiente. La EMT ahorraría un 10% en combustible al año si todos sus conductores pusieran en práctica lo aprendido en las clases. Este ahorro es equivalente a 2,7 millones de euros y a 5.326.463 litros de combustible. Dado que cada litro de gasolina se traduce en aproximadamente 2,5 kg de CO2, la EMT podría evitar la emisión de unas 14 toneladas al año.

A fecha de agosto de 2009, la CNAE en colaboración con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético) ha formado ya en conducción eficiente a 1.100 profesores de formación vial de turismos, a 500 de vehículos industriales y a unos 3.000 conductores habituales; y en 2010 el número de conductores ascendió a 5.262.

Sin embargo, pronto serán más los conductores formados en esta materia ya que el Gobierno quiere que en el examen para obtener el carnet de conducir se exijan conocimientos teóricos y prácticos sobre conducción eficiente. Según datos del IDAE, cuando esta normativa entre en vigor (se especula con la segunda mitad de 2010) se ahorrarán 0,12 tep. (tonelada equivalente de petróleo) por conductor formado al año. Teniendo en cuenta que cada año salen unos 800.000 conductores nuevos, el ahorro sería de unas 96.000 tep. anuales.

Ecodriving – Global Actino Plan

En la misma línea, la sección europea de la marca japonesa Toyota, en colaboración con Global Action Plan han desarrollado un simulador de conducción eficiente que pretende concienciar a los conductores de que un modo de conducción más respetuoso con el medio ambiente puede suponer un importante ahorro de combustible y un aumento de la seguridad en la carretera. El simulador recrea varios ambientes habituales de conducción y que exigen diferentes modalidades de eco-eficiencia, así como diferentes tipos de vehículos. El realismo logrado en la conducción simulada permite que el conductor se familiarice con los nuevos hábitos de forma rápida y segura. Al final del ejercicio con el simulador un informe apunta el consumo realizado durante el recorrido en litros de carburante y en kilogramos de CO2 así como una opción para informar a largo plazo de los resultados de la implantación de los nuevos hábitos a cada conductor mediante un seguimiento por Internet.

La empresa italiana Fiat junto con Microsoft también se han sumado a las iniciativas para la conducción eficiente mediante el diseño de un programa informático bautizado como “EcoDrive” que analiza los datos reales de la centralita del vehículo del usuario. Gracias a esta información personalizada el programa es capaz de analizar el modo de conducción del automovilista y le sugiere una serie de cambios para mejorar su consumo y emisiones. Los datos se recogen en un lápiz de memoria que se conecta al puerto USB del sistema “Blue&Me” que montan de serie casi todos los nuevos Fiat. Una vez recogidos los datos, se descargan en un ordenador y se elabora un informe personalizado puntuando de 0 a 100 a cada conductor e informando cuánto CO2 se deja de emitir y cuánto combustible se está ahorrando.

Del consumo total de energía en España, un 40% lo absorbe el transporte. Y de este porcentaje el 50% del consumo se concentra en los turismos. Asimismo, un 28% de las emisiones totales de CO2 en España tienen su origen en el transporte, y de ahí la necesidad de actuar en todo los frentes para cumplir con los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto.

Sistema inteligente stop/start

Se trata de un sistema inteligente stop/start que mejora el consumo de combustible reduciéndolo en más de un 10%. El sistema apaga el motor cuando el vehículo se detiene, y arranca automáticamente cuando se reanuda la marcha.

El nuevo Freelander 2 TD4_e, de la marca Land Rover, es un todoterreno con tecnología inteligente stop/start.

La recogida automática de basuras ya tiene salida en el municipio de Alcobendas. Ésta cuenta ya con dos plantas de tratamiento de residuos ubicadas en las urbanizaciones de Valdelasfuentes (en plena producción) y Fuente Lucha, de reciente estreno.

El abastecimiento de ambas plantas abarca 8.000 viviendas a través de una red subterránea de tuberías de 8.100 metros. Este tipo de recogida de basuras, denominado también neumático, consiste en una conducción de la basura mediante tuberías a través de un recorrido que va desde el domicilio del usuario (o en su defecto un buzón ubicado en la puerta) hasta la central de recogida. Así los residentes se aseguran el poder depositar las basuras a cualquier hora del día. Desde el Ayuntamiento afirman que 24.000 vecinos se verán beneficiados y que éstos están más que concienciados y comprometidos con el medio ambiente y su cuidado.

Ventajas

¿Qué tipo de ventajas presta la recogida automática?

- Permite depositar la basura a cualquier hora del día
- No se generan en su depósito ruidos, malos olores o problemas de tráfico
- Las plantas de tratamiento ahorrarán 60 toneladas anuales de CO2, 120 de NOx y 225 de SOx según los responsables de la planta

Un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes (el sistema de gestión integrado de estos envases), permitirá a la capital ingresar en los próximos cinco años 126,5 millones de euros, 32 de ellos se abonarán en 2007. Así, el simple hecho de depositar los envases de plástico, metal o bricks, no sólo contribuirá la sostenibilidad ambiental de la ciudad, sino que reportará dinero a las arcas municipales.

La recogida selectiva se inició con el vidrio y el papel. A partir de una directiva europea de 1997, se hizo obligatorio recuperar los envases también, lo que forzó al Ayuntamiento a construir plantas de tratamiento, a invertir en contenedores y en una flota de camiones dotada de doble tolva, para separar los residuos durante su transporte al vertedero.

La directiva definió la figura jurídica del “sistema integrado de gestión”, una asociación de empresas que actúa como mediador recaudando de los distribuidores de envases y sus fabricantes una cantidad muy pequeña por cada recipiente y lo transfiere al Ayuntamiento. El modelo se basa en el sistema de “quien contamina, paga”. Ecoembes gestiona los envases que no son de vidrio (incluyendo papel y cartón), Ecovidrio lo que sí lo son y el sistema de gestión integrado "Sigre" para los residuos médicos.

De entre toda la basura recogida se separan cuatro tipos de plástico, bricks y envases metálicos. La bolsa se transfiere por medio de una cinta transportadora y la eficacia en la separación baja si el contenido no es homogéneo. Tres veces al día se seleccionan bolsas de desperdicios para saber si la separación se hizo correctamente. Datos oficiales apuntan un 30% de error.

Los datos de una inspección de reciclaje que se realiza por primera vez en España a pie de calle en cinco distritos de la capital indican que la almendra central de Madrid recicla poco y mal, el 40,3% de las comunidades de propietarios saca la basura sin separar los residuos orgánicos de los envases ligeros (brick, metal y plástico). Estos desperdicios deben ir al cubo amarillo para permitir su posterior reciclaje.

Diez inspectores han tomado desde el pasado septiembre 62.532 fotografías nocturnas de contenedores de basura en 13.000 edificios de Chamartín, Salamanca, Retiro y Arganzuela. La campaña concluirá en marzo en Chamberí.

El presupuesto del trabajo asciende a 390.000, que financia Ecoembes, empresa responsable de la gestión de residuos. Su estudio revela que el 60% de los vecinos de Chamartín jamás usa el cubo amarillo. En Salamanca lo saca el 55% de los residentes pero mezclan envases y otro tipo de residuos. En Retiro el porcentaje es del 62%, y en Arganzuela lo emplean ocho de cada 100 edificios, aunque la mitad de los vecinos echa al contenedor de reciclaje envases y otras basuras. Estos porcentajes sitúan los distritos centrales por la media regional. La Comunidad de Madrid recicló en 2006 el 67% de los envases, frente al 59% de los distritos madrileños inspeccionados desde septiembre. Cinco de cada 10 españoles afirman separar plásticos, latas y bricks, según el estudio hábitos y actitudes de la población española frente a la separación y recogida selectiva de residuos 2005, encargado por Ecoembes.

A partir de diciembre de 2008 será obligatorio reciclar en todos los países de la EU, al menos, el 50% de los envases metálicos y el 22,5% de los plásticos, según establece una directiva europea.

El barrio que peor recicla los envases es Pacífico (Retiro), donde sólo un 16% de los vecinos usa el cubo amarillo a diario. En Goya (Salamanca) recicla envases el 31% de los recipientes. Entre los mejores se encuentra Niño Jesús (Retiro), donde el 60% de las comunidades de vecinos hace un buen uso del cubo amarillo.

La gente aún no ha entendido que la basura es una materia prima y que separar es recuperar. “Existe poco conciencia de reciclaje” indica una portavoz de la consultora ATJ, responsable del trabajo de campo del estudio de Ecoembes.

El trabajo en las plantas de reciclaje se duplica cuando los vecinos no separan bien. Las empresas tienen que destinar operarios expresamente para rebuscar entre el material mezclado y recuperar lo que se puede reciclar, que deberá ser trasladado a una nueva planta para su recuperación, según explica una portavoz de Ecoembes. La Consejería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha enviado cartas a 4.190 comunidades de propietarios con la fotografías de los cubos mal empleados. En ellas, recuerdan a los vecinos que reciclar envases es una obligación. Además dos inspectores del programa de Ecoembes hacen una segunda visita a los bloques de vecinos que peor reciclan para explicarles como se debe hacer.

El ayuntamiento prepara una nueva ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano. La vigente, aprobada en 1985, dedica un único artículo a la separación de residuos en los hogares madrileños. El texto indica que su presentación se hará “obligatoriamente” en los recipientes que señale el Ayuntamiento, “de acuerdo con la naturaleza de los residuos” Ni la actual ni la nueva incluyen sanciones para quienes reciclen mal, según aseguró una portavoz de Medio Ambiente. Otras ciudades europeas, como Londres, Bruselas o Ginebra, sí imponen multas a quienes no separan, en España este tipo de sanciones (de 30 a 120 euros) sólo se aplican en Barcelona y Ciudad Real si la basura está donde no debe.

Los municipios metropolitanos de Madrid separaron para su posterior reciclaje el 67% de los envases (lata, brick y plástico) en 2006, una cifra similar a la registrada en 2005, según indicó el 12 de febrero de 2007 un portavoz del Gobierno regional, que explicó que aún no se han cerrado todos los datos.

La Comunidad de Madrid tiene en marcha hasta septiembre una campaña de sensibilización. Si tú reciclas, reciclamos todos, que incluye publicidad en radio, prensa, televisión, cine, Internet y exterior, entre otros. El gobierno regional y Ecoembes, la empresa responsable del sistema de gestión de residuos a escala nacional, firmaron un convenio en octubre para poner en marcha esta campaña divulgativa, cuya inversión asciende a un millón de euros.

El objetivo es concienciar a los madrileños de la importancia de separar los envases en sus casas para conservar el medio ambiente y ahorrar materias primas. La Comunidad recuperó 45.26 toneladas de residuos en 2005, entre envases, papel y cartón, un 72% del total de estos materiales. En España se recuperaron 1.245.188 toneladas de residuos en el mismo periodo, de los que se consiguió reciclar un millón, según datos de Ecoembes. Casi la mitad, 587.043 toneladas, fueron de papel y cartón, 185.519 de envases de plástico y 221.071 toneladas de metales.

La Unión Europea ha fijado diciembre del 2008 como plazo para que todos los países europeos reciclen, al menos, el 60% de los de papel cartón, el 50% de los envases de metal, el 22,5% de los de plásticos y el 15% de la madera. La directiva europea sitúa el objetivo global de reciclado en el 55% del total de desechos.

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural extremeño ha resuelto la convocatoria de ayudas que permitirán a 10.400 titulares de explotaciones agrarias recibir servicios de asesoramiento por parte de trece entidades, principalmente vinculadas a las organizaciones profesionales agrarias que, constituidas para este fin, han obtenido el reconocimiento oficial.

Estas ayudas ascienden a total de 4.140.000 euros para este año y se ha previsto una partida de más de 10 millones de euros hasta el 2012. Los agricultores y ganaderos beneficiarios serán asesorados en cuestiones técnicas relativas a requisitos legales de gestión, buenas condiciones agrarias y medioambientales, modernización de las explotaciones, acciones encaminadas al buen uso del agua, mitigar el cambio climático, fomentar las energías renovables, la seguridad laboral o inicio de la actividad, en el caso de jóvenes.

En las concesiones de las subvenciones se ha priorizando a los jóvenes agricultores, a las explotaciones que estén en zona desfavorecidas, así como a aquellas que asuman compromisos agroambientales o que participen en programas de calidad de los alimentos.

La Junta de Extremadura pretende promover la profesionalización y modernización de la actividad agroganadera extremeña, fomentando la mejora del rendimiento global de las explotaciones agropecuarias y la adaptación a las normativas europeas en materia de gestión y a los nuevos retos de la PAC.

“¡Vaya, se nos ha fundido otra vez la bombilla!”. La popular y fastidiosa frase está a punto de pasar a la historia. Es difícil predecir exactamente cuándo pero, más pronto de lo que imaginamos, nuestros hogares, oficinas y calles estarán iluminados por chips o “lámparas de semiconductores” (LEDs en su versión inglesa) basadas en semiconductores denominados nitruros. O lo que es igual, tendremos iluminación por elementos de material sólido, por pastillas de semiconductores, en lugar de tener filamentos, o descargas eléctricas en gases especiales, etc…

En nuestros hogares se puede producir pronto, dados los avances tecnológicos y la reducción de costes que se están alcanzando, se está creando una ingeniería de fuentes de alimentación para estas nuevas lámparas y una nueva ingeniería de la iluminación, de la decoración y de la comunicación visual, usando semiconductores preparados para emitir luz blanca. De hecho estos chips ya se vienen utilizando en señales de alarma, semáforos, paneles de información (como la famosa pantalla gigante del Nasdaq, en Nueva York) e iluminación de fachadas y monumentos: la luz se consigue a base de miles o millones de diodos emisores de luz de todos los colores, incluido el blanco. Con una evolución de esos mismos chips se plantea ahora la sustitución de las bombillas tradicionales. También abre nuevas posibilidades sociales en áreas geográficas donde la red de distribución de energía eléctrica no llega, pero donde sí pueden estar disponibles generadores mecánicos o fotovoltaicos.

Además, su fabricación no conlleva el uso de gases venenosos, por lo que su producción a gran escala podría ser muy viable en términos ecológicos. Las ventajas de la iluminación con estos chips, frente a la iluminación por incandescencia, fluorescencia ó por descarga en gases, son una mucho mayor duración que estas lámparas clásicas, que no hay partes móviles ni cápsulas frágiles, su menor tamaño y, lo que es más importante, su alta eficiencia energética.

“La trascendencia que tendría en el consumo global de electricidad un ahorro de energía consumida en iluminación es obvia. La iluminación supone aproximadamente un 20 por 100 del consumo global de energía eléctrica y, ante esas magnitudes, no es difícil hacer cálculos sencillos y espectaculares para determinar las reducciones de consumo energético y de combustible que se derivarían de una introducción progresiva de esta iluminación por pastillas de semiconductores, por elementos de material sólido”, explica el profesor Muñoz y académico de la RAI (Real Academia de Ingeniería).
Es un mercado muy competitivo y con I+D+i apoyada gubernamentalmente en Estados Unidos, Japón, Corea, Taiwán, China, etc… Sólo el año pasado el Departamento de Energía de EE.UU. ha dedicado 21 millones de dólares para subvencionar proyectos sobre iluminación con semiconductores, con elementos de material sólido .

El “padre” de estos chips luminosos azules y blancos es el ingeniero Shuji Nakamura, Premio Príncipe de Asturias 2008. A partir de sus trabajos en Japón con materiales semiconductores que contienen nitrógeno, galio e indio (nitruros), en 1993 Nakamura abrió el camino a esta nueva forma de iluminación, aunque inicialmente éste no era su objetivo cuando empezó a investigar. La gran eficiencia energética de estos chips luminosos se debe a la combinación de los progresos en Física del Estado Sólido, en Ingeniería de Materiales y Dispositivos, a la avanzada tecnología empleada, y al uso de conceptos de nanociencia y nanotecnología.

Un claro ejemplo de estos chips luminosos son los de nitruro de galio (GaN), compuesto emisor de luz que ya se usa en ciertos objetos, como los flashes de las cámaras, los faros de las bicicletas, los teléfonos móviles y en la iluminación interior de autobuses, trenes y aviones. Ahora, un equipo de investigadores británicos propone usarlo en todos los hogares en un plazo de cinco años.

Los científicos consideran que cuando se use el GaN para iluminar las casas y las oficinas se reducirá un un 75% el consumo habitual de luz eléctrica en los países desarrollados, a la vez su utilización reducirá las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas.

Estos LED son "asombrosamente duraderos, ya que pueden proporcionar 100.000 horas de luz (100 veces más que una bombilla convencional), y en la práctica eso significa que con el uso normal de una familia no habría que cambiarlos hasta pasados 60 años.

Para aprovechar estas ventajas los científicos deberán superar algunos obstáculos importantes, como que los LED de GaN son demasiado caros para fabricarlos para un uso a gran escala en hogares y centros de trabajo, o que emiten una luz demasiado fuerte.

Proyectos con LEDs

Honeylight

Este sistema, ganador del Premio Corian de Diseño 2010, ha sido creado por Miriam Cabanas y Gerard Bertomeu, estudiantes de la ETS Aquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Cataluña (UPC) y consiste en un sistema de iluminación difusa inteligente, que concentra la luz en las zonas con actividad.

El Honeylight está formado por dos piezas: un aspa integrada por LEDs de bajo consumo, que funciona como un foco de la luz, y otra pieza con forma de paraboloide que la difunde. Este sistema aprovecha las propiedades geométricas de la parábola para que la reflexión de la luz sea perfecta; el resultado es una pared difusa de la luz (screenwall),adaptable a las dimensiones y usos del espacio.

La novedad del sistema, que está en fase de desarrollo, radica en que combina el control independiente de la potencia de cada conjunto de LEDs, que permite crear diferentes patrones lumínicos y ambientes, con la instalación de un red de sensores de movimiento; así la intensidad de la luz se ajusta automáticamente a los flujos de actividad, con el consiguiente ahorro energético.
El sistema está ideado para ser usado tanto en vertical, en fachadas y muros, como en horizontal, techos.

Zorita, también denominada “José Cabrera”, cerró sus instalaciones en 2006 tras 38 años de actividad ininterrumpida y es la primera que adopta un proceso de desmantelamiento programado en España.

El 11 de febrero de 2010 se firmó el traspaso de poderes entre Unión Fenosa y Enresa según el cual y su imagen desaparecerá completamente de los campos de la Alcarria en seis años.

Durante estos años una veintena de empresas y entre 140 y 250 trabajadores procederán a desmontar pieza a pieza el edificio. Lo primero será descontaminar las zonas del reactor con radiación. La radiación es como una mancha de grasa, se elimina frotando, rascando el material, sea un tubo, una pared o suelo, y almacenando el residuo. En algunas zonas hay que usar productos químicos que absorben la radiación y que luego se pueden tratar como un residuo.

El resultado serán 104.000 toneladas de residuos: 95.300 toneladas corresponderán a escombros y hormigón, 4.700 toneladas de chatarras convencionales y 4000 toneladas de residuos radiactivos de baja y media actividad. Estos desechos radiactivos se llevarán al almacén situado en El Cabril (Córdoba). El resto, unas 218 toneladas, 30 de ellas de alta actividad, corresponden al combustible gastado y los componentes del reactor, entre ellos las barras de uranio que quedaron inactivas tras la desconexión de la red y que fueron extraídas de la tapa de la vasija que aloja al reactor y depositadas en la piscina de enfriamiento de la propia central. Estos últimos residuos irán a parar al almacén temporal con el que cuenta la central, en espera de que se construya el ATC en 2014. Si para esta fecha no está concluido el ATC habría que trasladar estos residuos a otra central, presumiblemente, Trillo.

El traslado de los residuos de uranio gastado de la central nuclear comenzó en enero 2009. Los restos de combustible permanecen en la piscina de la planta desde que ésta cesó su actividad en abril de 2006. El traslado de los residuos a un almacén temporal individualizado (ATI) es el comienzo para el proceso de desmantelamiento de la central.

Para trasladar el uranio gastado, se introduce un contenedor en agua y se insertan en él 32 elementos de combustibles. Una vez refrigerado, se cierra herméticamente con tapas de acero soldadas. Esa cápsula se introduce a su vez en otro contenedor, éste de hormigón y de más de un metro de espesor. El ATI se encuentra a unos 200 metros de la planta. Almacenará todo el combustible, en total 377 elementos de residuos radiactivos, en 12 bidones.

El hecho de que se autorice un almacén transitorio en la zona para el combustible gastado de la central nuclear, es lo que más preocupa a los ciudadanos.

El desmantelamiento se enmarca dentro de la política del Gobierno y los Verdes (coaligados en las elecciones generales de 2004), de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas según vayan cumpliendo años y mostrando falta de garantías de seguridad. Se ratifica así la moratoria nuclear que comenzó a gestarse en 1984 y paralizó la construcción de nuevas centrales.

Proceso de desmantelamiento

Durante los primeros meses, se han ido llevando a cabo actividades preparatorias para adoptar la instalación a las necesidades del desmantelamiento; estas actividades consistieron en la adecuación del edificio eléctrico de torres y la actuación en el parque de 46 Kv, el recableado de cargas eléctricas del edificio de la turbina y la adecuación de los sistemas mecánicos y de la toma de agua. Estos trabajos se han ido realizando en paralelo con los primeros desmontajes convencionales, y el acondicionamiento de las áreas exteriores del emplazamiento. Ya se han derribado y retirado los restos de las diez torres de refrigeración central, y su explanada se utiliza como zona de almacenamiento de chatarras; también se ha llevado a cabo el desmontaje de los componentes del denominado edificio Diesel, que servirá para la gestión de materiales durante el proyecto. Además se ha retirado el transformador principal de la central.

Actualmente, se están desmontando los equipos de las tres plantas de operaciones del edificio de turbina; este recinto será reutilizado como edificio auxiliar dedicado a la gestión de los residuos generados. A la vez, se están adaptando los sistemas de ventilación del edificio de contención y del edificio auxiliar, y se van a mejorar los almacenes de residuos y el área de desclasificación. También se ha ejecutado el Plan de Pruebas Oficiales del sistema de protección contra incendios (PCI), requerido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Tal y como marca el programa establecido, el desmantelamiento de las partes activas se iniciará a mediados de 2011, con la segmentación de los componentes internos del reactor.

En estos meses, se han generado algo más de 2.334 toneladas de residuos, todos ellos convencionales; esta cifra se desglosa en 1.001 toneladas de chatarra (hierro, cobre y aluminio), 774 toneladas de residuos de construcción y demolición, 506 toneladas de residuos no peligrosos y 53 toneladas de residuos peligrosos; la mayoría ya de han enviado a los diferentes gestores autorizados.

Sucesos desde 2003 a 2009

En octubre de 2003 se dio a conocer el acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Economía de desmantelar la central el 30 de abril de 2006, fecha en la que la central dejó de estar conectada a la red eléctrica. Se determinó que la propietaria, Unión Fenosa, junto a la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), se encargarían de las obras de cierre, cuyo coste se estimó en 135 millones de euros.

A falta de un emplazamiento para construir el Almacén Temporal Centralizado previsto en el Plan de Residuos Radiactivos, en agosto de 2006 el Ministerio de Industria aprobó el diseño del sistema de almacenamiento del combustible gastado de la central de Zorita presentado por Enresa. Se trata del almacenamiento en seco de los 377 elementos combustibles del reactor según el sistema de la empresa norteamericana Holtec, contrata por Enresa. Los combustibles gastados deberán estar almacenados en esta instalación en 2009, para que Enresa comience el desmantelamiento de la central.

La Unión Fenosa construyó este Almacén Temporal Individualizado en superficie. El único depósito de residuos radiactivos similar en España, el de Trillo, se diferencia en que alberga contenedores de acero en una instalación techada.

Los fallos de la central de Zorita

El 6 de diciembre de 2003, un fallo técnico en la vieja central de Zorita, provocó el desprendimiento de una pieza durante la recarga de combustible (uranio enriquecido). A pesar de que activistas de Greenpeace denunciaron que las deficiencias y fallos en su funcionamiento podrían haber puesto en peligro la salud de los trabajadores y del medio ambiente y propusieron un adelanto en el cierre de las instalaciones, la actividad de la planta continuó. Aunque en fecha 30 de marzo de 2004, un periódico local dio a conocer la decisión final de la Audiencia que confirmó la sanción impuesta por el Ministerio de Economía a la empresa Unión Fenosa por una falta grave en la seguridad de la central nuclear. La multa ascendía a 300.000 euros y contra ella no cabía ningún otro recurso.

Finalmente, Zorita cerró en la fecha prevista, y los ingenieros dejaron de bombardear con neutrones el uranio. Tras varias décadas de operación quedan 292 barras de combustible gastado con actividad durante decenas de miles de años, un núcleo que enfriar y descontaminar, 60.000 kilos de chatarra y un trozo de la historia de la energía nuclear en España.

En España se distribuyen al año 10.500 millones de bolsas de plástico, 15.300 millones según Greenpeace, lo que supone que cada español recibe anualmente 238 bolsas, 350 según el grupo ecologista. De éstas se reciclan solo un 9% que acaban en el contenedor amarillo, el resto termina en vertederos, incineradora y en el mar.

Mientras que el consumo de plásticos se ha visto reducido en los últimos años motivado, principalmente, por la crisis, el reciclado de los plásticos en España ha seguido una curva ascendente, particularmente en el ámbito de los residuos de origen doméstico.

La evolución experimentada en los últimos años, ha permitido quintuplicar el reciclado de plásticos durante el período 2000-2009, al crecer a un ritmo medio anual del 34,08%.

Datos 2009

El reciclado de plásticos de origen doméstico en el año 2009 alcanzó la cifra de 306.941 toneladas, equivalentes a 23 estadios de fútbol del tamaño del Camp Nou o Santiago Bernabeu. Cumplidos y superados así los objetivos legales establecidos por las Directivas europeas y ley española para los años 2000, 2001 y 2008, esto supone haber alcanzado casi el doble del índice del 22,5% establecido por la Directiva europea.

El reciclado de los envases industriales se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años y, al llegar al 2008, se ha producido una caída brusca del 29% motivado por el propio descenso de la actividad industrial. Sin embargo, el reciclado de los plásticos de origen doméstico se ha incrementado en el año 2009 en un 6,23% respecto al año anterior.

España dispone ya de más de 300.000 contenedores amarillos repartidos por las calles que cubren ya al 93,2% de la población española, 94 plantas de selección de plásticos (40 de ellas automatizadas) y 37 recicladores de plásticos homologados, que convierten nuestros residuos plásticos en una nueva materia prima secundaria de uso en nuevos envases, bolsas de basura, tuberías, perchas, mobiliario urbano, etc.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la composición de los residuos urbanos indica que el 48,9% corresponde a materia orgánica, el 18,5% a papel y cartón, 11,7% a plásticos, 7,6% a vidrio, 4,1% a metales y 9,2% otros. El 100% de los plásticos que depositemos en el amarillo se reciclarán.

Por ello, la colaboración ciudadana es imprescindible para poder seguir creciendo en los resultados y, particularmente, en la mejora de la calidad del material recogido. La media de impropios depositados por error en el contenedor amarillo ha descendido hasta el 23% en el año 2009; incluso algunos municipios ya se sitúan por debajo del 15%. Entre los impropios aún aparecen papeles y cartones en el amarillo, que dificultan el reciclado de los plásticos.

Datos 2007

En 2007 se recicló 1.160.616 toneladas de envases, esta cantidad representa el 56,1% de los envases puestos en el mercado por las empresas adheridas a Ecoembes. Además, fueron valorizadas energéticamente 152.270 toneladas, por lo que, en total, en 2007, se evitó que más de 1.312.000 toneladas se envases acabaran en vertedero, el 63,5% del total de los envases adheridos.

Por tipos de material, en 2007 se reciclaron 665.274 toneladas de envases de papel y cartón, 66.597 más que en 2006. Se reciclaron, también, 252.673 toneladas de envases de plástico, 29.422 más que el pasado año, y 236.928 toneladas de envases de metal, 896 más que el año anterior.

Los resultados alcanzados en 2007 permiten a España cumplir con un año de antelación los objetivos marcados por la Directiva Europea 2004/12/CE. La Directiva fijaba el objetivo global de reciclado para 2008 en 55%, y España ha cerrado 2007 con el 56, 1% global de reciclado.

Datos 2006

El Sistema Integrado de Gestión de Envases (SIG) gestinado por Ecoembes recuperó 1.267.029 toneladas de envases en 2006, lo que representa el 63,3% de todos los envases puestos en el mercado por las empresas adheridas al SIG. Así mismo, más de un millón de toneladas de envases fueron recicladas -1.066.343 (62.059 más que en 2005)-, es decir, más de la mitad (53,2%) de los envases domésticos puestos en el mercado a través del SIG.

Por tipos de material, el SIG que gestiona Ecoembes en 2006 recicló 598.677 toneladas de envases de papel y cartón, 11.634 más que en 2005. Se reciclaron también 223.251 toneladas de envases de plásticos, lo que supone un incremento del 20,3% respecto al año anterior. Asímismo, 230.032 toneladas de metales fueron recicladas en 2006, un 6,8% más que en 2005.

Los resultados de recuperación y reciclaje del SIG superan las exigencias de la normativa nacional -Ley de Envases y Residuos de Envases (LERE)- y se acercan a los objetivos marcados por la Directiva 2004/12/CE. Según esta normativa, a partir de diciembre de 2008 se deberá reciclar, al menos, el 60% de los envases de papel y cartón, el 50% de los envases de metal, el 22,5% de los envases de plástico y el 15% de los de madera. La Directiva sitúa el objetivo global de reciclado en el 55%. El SIG gestionado por Ecoembes, cumplidos los objetivos de la LERE, está a 1,8 puntos del objetivo global de reciclado que marca la Directiva Europea.

A finales de 2006, Ecoembes contaba con 12.098 empresas adheridas al SIG, 208 más que en 2005. El volumen de envases gestionado también ascendió, alcanzando 2.002.592 toneladas, 51.814 más que en el ejercicio anterior.

Entre las empresas adheridas, el sector con mayor representación el año 2006 fue el de alimentación (6,269 empresas), que supuso el 51,35% del total.

Según un estudio realizado por el Grupo de Ecología del Paisaje en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, los peces continentales de la cuenca del Mediterráneo son uno de los grupos biológicos más amenazados en el mundo. El estudio se ha publicado en la revista Diversity and Distributions y ha analizado la distribución Geográfica de los factores de origen humano que afectan de forma negativa a la biodiversidad y su relación con el grado de amenaza de las comunidades de peces de agua dulce endémicos de la cuenca mediterránea.

La Península Ibérica es una de las zonas en las que las especies invasoras tienen un impacto más importante sobre los peces nativos. El equipo de investigación ha analizado las presiones más frecuentes como la contaminación, la extracción de agua, las especies invasoras, los embalses, la agricultura y la sobrepesca. Cuando relacionaron la distribución de las presiones con la del grado de amenaza de los peces de esta área, demostraron que cuando los impactos de las especies invasoras y la sobreexplotación de recursos hídricos son importantes, las comunidades de peces se ven expuestas a un mayor riesgo de extinción.

El equipo de investigación recopiló información sobre la evaluación del estado de conservación de los peces continentales endémicos de la cuenca del Mediterráneo elaborada por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Los científicos calcularon el número de especies de peces afectadas por cada tipo de presión en cuadrados de 10x10 km de la cuenca del Mediterráneo, así describieron la variación geográfica en los impactos de las distintas presiones, que luego pudo relacionarse con el riesgo de extinción de las comunidades de peces.
El equipo utilizó datos a dos escalas geográfica, las áreas de 10x10 km y las cuencas fluviales completas, así como dos indicadores complementarios del riesgo de extinción, a través de las categorías de amenaza de la UICN.

En febrero de 2007, el Instituto Hidrográfico de la Marina en su carta náutica número 105, indicó la presencia de cachalotes en el Estrecho y dio unas recomendaciones para los buques y así evitar colisiones lo atravesaran a velocidad reducida y en estado de máxima vigilancia para. España dio un aviso a navegantes para que los buques redujeran la velocidad en la zona frente a Tánger en la que habitualmente se concentran unos 25 cachalotes.
El presidente del Centro de Conservación, Información e Investigación de Cetáceos (Circe), que desde 1996 estudia los cetáceos en el Estrecho, Renaud de Stephanis recuerda que ya ha habido colisiones. El Estrecho es la zona del Mediterráneo con más cetáceos. Ballenas piloto, orcas, delfines mulares, delfines listados... Circe ha elaborado un estudio financiado por el Ministerio de Medio Ambiente en el que concluye que el cambio de rutas marítimas empezará a cruzar de forma importante la zona de máxima presencia de cachalotes en la zona del Estrecho de Gibraltar, pudiendo provocar un aumento significativo de las colisiones entre fast ferrys y estas especies y cómo se centrarían en la zona de mayor presencia de cachalotes.
El documento también alerta de que "un aumento de contaminación acústica submarina en la zona podría provocar problemas comportamentales en las poblaciones de calderones comunes y delfines mulares de la zona".

La ruta de Tarifa al nuevo puerto de Tánger amenaza los cachalotes.

La nueva ruta de ferrys entre Tarifa y el nuevo puerto de Tánger, amenaza a los cetáceos del Estrecho. El itinerario, que está en tramitación y de próxima apertura, atraviesa "la zona de mayor densidad de cetáceos" del Estrecho, según reconoce la dirección de Marina Mercante del Ministerio de Fomento, en el que admite que aunque dicha ruta no es necesaria no la puede prohibir. Por eso pide a los ferrys que en el punto más conflictivo reduzcan la velocidad hasta los 13 nudos (esos barcos pueden superar los 40) y lleven detectores que eviten las colisiones con cetáceos. Además, explica que le ha pedido al puerto que no conceda nuevos permisos de atraque sin esas limitaciones.

Esta situación irá a peor ya que tanto el puerto de Marruecos como el de Tarifa tienen previstas ampliaciones. Marruecos ha abierto su enorme puerto de Tánger-Med y quiere que allí se dirijan todos los ferrys desde España, según fuentes de la Autoridad Portuaria de Algeciras, que gestiona también el Puerto de Tarifa. Salvo los de Tarifa, todos los transbordadores que van a Tánger ya atracan en el nuevo puerto. Marruecos ha construido un enorme complejo para competir con Algeciras como puerto de contenedores y quiere dejar las viejas instalaciones de Tánger para cruceros con turistas y pesqueros.

La ampliación del puerto de Tarifa -que los críticos han bautizado como "el macropuerto"- está pendiente de declaración de impacto ambiental y que ese estudio debe decidir si su efecto sobre los cetáceos es admisible. "Planean una nueva ruta sin esperar a la declaración de impacto de la ampliación del puerto.
El experto en cetáceos del Estrecho Renaud de Stephanis también muestra su preocupación por el eventual efecto sobre los cachalotes. Los estudios del puerto admiten que los observadores, la reducción de la velocidad y una web que siguiera la situación de los cachalotes reduciría la mortalidad.

Las organizaciones Greenpeace España, la Asociación Ciudadana TarifaSí, la Asociación Gaditana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (AGADEN), y Verdemar-Ecologistas en Acción Campo de Gibraltar, han querido trasladar su preocupación acerca del previsible impacto negativo sobre las poblaciones de cetáceos del Estrecho de Gibraltar que se produciría de ser autorizada la línea de tráfico de fast-ferrys entre los puertos de Tarifa (Cádiz) y Tánger Med (Marruecos). Consideran que tanto por razones de seguridad de la navegación como por razones de protección de los recursos vivos (en particular cetáceos) y prevención de contaminación ante el evidente riesgo de accidente, estaría plenamente justificado, a la luz del Derecho Internacional, que Marina Mercante prohibiera o condicionara la pretendida línea de alta velocidad

Defienden que la apertura de esta nueva línea tendrá unos efectos a medio y largo plazo de alteración del hábitat en una zona tan estratégica que constituye un cuello de botella crucial para estas especies. El MARM (principalmente dentro de los fondos de la UE LIFE) valora como muy graves los efectos directos por el incremento del tráfico marítimo de fast-ferrys en el Estrecho. Lamentablemente, para esta nueva ruta no han sido evaluados estos impactos convenientemente pues provocarían, muy previsiblemente, una pérdida de calidad del hábitat. Por otro lado, tampoco se contempla la posibilidad de ubicar a observadores de cetáceos experimentados en los ferrys, para dar alerta y facilitar la decisión sobre cómo modificar el rumbo para evitar colisiones con los cetáceos.

En la actualidad, diariamente y en temporada baja, en la recién inaugurada ruta Algeciras-Tánger Med se realizan 52 travesías (ferrys y fast-ferrys), y en la de Tarifa-Tánger Ciudad, 32 travesías de fast-ferrys.

La observación de cetáceos en su medio natural constituye una actividad turística, económica, científica y recreativa, que puede desempeñar una importante labor de investigación y de educación ambiental e incluso de conservación. Esta actividad origina un fuerte impacto económico en Tarifa ya que las empresas no sólo ocupan directamente a unas cuarenta personas en Tarifa sino que el movimiento anual de unos 80.000 pasajeros es un importante recurso para la economía local. Estos pasajeros, de carácter turístico, suponen un valor añadido para la economía local mayor que el que proporcionan los pasajeros en tránsito que cruzan el Estrecho en los ferrys.

Como se ha señalado, la nueva ruta diseñada atravesará con toda seguridad algunas de las zonas de mayores avistamientos de cetáceos. A las numerosas empresas dedicadas a su avistamiento, se les ha impuesto restrictivas medidas, como acercarse a muy baja velocidad, no interactuar con los animales y otras normas de máximo respeto. Sin embargo no parece que se pretenda regular las velocidades ni las rutas de los fast-ferrys, que surcarían esas zonas a más de 40 nudos de velocidad.

El aumento de riesgo de accidentes marítimos, tanto de abordajes de buques como de accidentes con mercancías peligrosas tampoco han sido evaluados. Sin lugar a dudas el factor de riesgo más relevante y alarmante de esta ampliación es el efecto negativo en la organización y estructura del dispositivo TSS Strait of Gibraltar del tráfico marítimo.

Por el dispositivo de separación de tráfico del Estrecho transitan anualmente un 25% del tráfico marítimo mundial, y más de un 30% de los cargueros con mercancías peligrosas.